Armengol subirá el requisito del catalán a los sanitarios tras la decisión del Supremo

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso del Govern contra la anulación del decreto que establecía el requisito de catalán para los sanitarios de Baleares. Cabe recordar que fue el Tribunal Superior de Justica de Baleares (TSJIB) quien anuló dicho decreto por discriminar el acceso igualitario al empleo público. Tras esta decisión, el ejecutivo de Armengol aplicará la ley y pedirá a los sanitarios el nivel de catalán que le exigen a un profesor.

El problema con la lengua en la sanidad no empieza con el decreto, sino con la ley de capacitación lingüística de 2016. Esta norma establece que el C1 de catalán será requisito en todo el ámbito de la función pública. Es decir, cualquier funcionario deberá tener el mismo nivel que un profesor. Esta decisión derivó en manifestaciones del personal sanitario «por el sinsentido de la ley». Para tratar de paliar la situación, la Conselleria de Salud elaboró el decreto en cuestión, que si bien rebajaba la titulación lingüística necesaria, generaba otro problema. Si un sanitario accedía a una plaza pero no tenía el certificado, debía sacárselo en dos años. De no ser así, conservaba la plaza, pero perdía derechos económicos de la carrera profesional y de movilidad.

Dado que el decreto «atentaba contra el acceso igualitario al empleo público», el sindicato CSIF interpuso una demanda. En enero de 2020, el TSJIB consideró que la norma incurría en nulidad y que era «evidentemente desproporcionada». La decisión se consideró una victoria, en el sentido de que se evitaba un grave perjuicio al personal sanitario, y se esperaba que Armengol se sentase a negociar. Sin embargo, el Govern presentó el recurso que no ha admitido el Supremo.

Por tanto, el decreto ahora queda anulado, pero la ley de capacitación sigue vigente. Esto implica que el Ejecutivo socialista subirá el requisito del catalán. Es decir, exigirá el C1 a todo el personal sanitario, desde celadores hasta médicos. No obstante, queda la posibilidad de que decidan hacer un nuevo decreto que rebaje de nuevo el nivel, pero no podrán causar un perjuicio a los sanitarios como hacía el actual. El sindicato CSIF ha defendido en muchas ocasiones «que la lengua sea un mérito que sume y no un requisito que reste valor».

En cuanto a la inadmisión del recurso, el Supremo ha concluido que la preparación del recurso presentado por el Govern no reúne una serie de requisitos formales para su examen. La providencia impone al ejecutivo las costas por un importe máximo de 2.000 euros. Contra esta resolución no cabe recurso.