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POLÍTICA

Armengol defiende a los okupas pero se gasta ahora 150.000 € para evitar que le ocupen viviendas del Govern

La presidenta de Baleares ha negado sistemáticamente en el Parlament que hubiera un problema con lo okupas

Sus socios de Més y Podemos sostienen que el problema no son los okupas sino los bancos y los fondos de inversión

El Govern balear de izquierdas que siempre se ha mostrado conciliador con los okupas y que ha rechazado propuestas de la oposición contra la proliferación de la ocupación ilegal de viviendas, se gasta ahora 150.000 euros para proteger de intrusos las viviendas sociales de su propiedad.
El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol ha contratado a la empresa M.B. Seguridad y Adecuaciones de Viviendas SL para que proteja las viviendas sociales propiedad del Instituto Balear dela Vivienda y que ahora están vacías y pendientes de adjudicación. El contrato es concretamente «para el suministro, instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de un sistema de alarma así como de elementos de protección y seguridad, como puertas y pantallas antivandálicas, para evitar la intrusión y la ocupación de las viviendas y locales propiedad del Instituto Balear de la Vivienda, (IBAVI)».
El importe del contrato es de 122.000 euros sin impuestos y de 149.988 con el IVA y tiene una vigencia de tres años.
En Baleares gobierna el pacto de izquierdas formado por el PSOE, Unidas Podemos y los soberanistas de Més. Aunque Podemos es la formación que siempre ha defendido el movimiento okupa, la propia presidenta del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol, no ha tenido reparo en mostrarse comprensiva con los okupas en sus intervenciones parlamentarias.
En la sesión del 15 de junio de este año Armengol contestó así a una pregunta de la formación regionalista el PI sobre la proliferación de los casos de ocupación ilegal de viviendas: «No digamos a la gente que su casa está en peligro,  basta de meter miedo a la ciudadanía».
El diputado del PI, Josep Melià, había intervenido en la Cámara autonómica para comentar que la la normativa estatal que dificulta el desahucio de inmuebles okupados representa una «comprensión y justificación de una práctica delictiva». A juicio de Melià, «existe una enorme alarma social por la ocupación ilegal de viviendas y es necesario que el Govern se pronuncie de forma tajante en defensa de los propietarios, que deben tener garantías de que un inmueble okupado sea desalojado en menos de 48 horas». Armengol rechazó de forma tajante los argumentos del diputado del PI.

 

En septiembre de 2020 el problema de la ocupación ilegal de viviendas  también fue debatido en el Parlament  y en estas ocasión los partidos del Govern rechazaron la propuesta del PP con la que pretendía que la Cámara autonómica expresara formalmente su posicionamiento general en contra de la ‘okupación’ y solicitaba apoyar la proposición de la ley sobre este tema presentada por el PP en el Congreso.

También solicitaba que un inmueble ocupado ilegalmente no pueda tener la consideración de domicilio y que los ‘okupas’ no puedan empadronarse en él. Asimismo, planteaba que las comunidades de propietarios puedan actuar directamente ante los tribunales en casos de ‘okupación’, reclamaba al Govern actuaciones para garantizar el derecho a la vivienda y rechazar la ‘okupación’ y proponía un teléfono gratuito de denuncia, entre otros puntos.

La propuesta del PP tuvo el voto en contra de los partidos que apoyan al Govern, PSIB, MÉS y Unidas Podemos. 

El diputado del PP encargado de defender la propuesta fue José Luis Camps, quien alertó del «incremento de la ocupación ilegal fruto de las políticas confusas del Gobierno social-comunista», que han «generado gran tensión». También aseguró que esas políticas han disparado el precio de la vivienda y ralentizado la economía.

El portavoz de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, contestó a estas intervenciones afirmando que «sí que existen las mafias, y cotizan en bolsa y financian partidos políticos», en alusión a ‘fondos buitre’ de especulación inmobiliaria. Ensenyat denunció el «abuso sistemático» de este tipo de entidades y le reprochó al PP que «juegue a generar miedo» en los propietarios.

Similarmente, el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez defendió que «el problema de la vivienda no es el problema de la ocupación ilegal» sino que «bancos y fondos de inversión hacen de la especulación de la vivienda un negocio cuando debería ser un derecho fundamental garantizado por el Estado».

En esta línea, Jiménez alertó de «la falta de oportunidades para poder acceder a una vivienda de forma legal, por falta de posibilidades económicas para ello y por falta de oferta de vivienda social que recoja estas necesidades».