El alcalde del PP de Palma exige a Sánchez derogar el ‘basurazo’ que disparará la tasa de residuos

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 17/11/2024 06:59
  • Actualizado: 17/11/2024 06:59

El alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, exige al presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, que derogue el basurazo que disparará la tasa de residuos a partir del año que viene, cuando entre en vigor la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Un marco legal que implica que los ayuntamientos deberán repercutir la totalidad del coste del servicio de recogida de basuras en los contribuyentes.

Esto se traducirá en un aumento en las facturas que las familias deberán abonar al año, al reemplazar Sánchez la vigente ley de residuos de 2011 e imponer este tasazo.

Por ello el Grupo Municipal Popular liderado por el alcalde Martínez ha presentado una moción al pleno del próximo 28 de noviembre, donde todos los partidos tendrán que retratarse y en la que el Ayuntamiento de Palma insta al Gobierno de España a derogar la obligatoriedad de la implantación de la nueva tasa de residuos y respetar y garantizar la autonomía local de los municipios.

Algo que está recogido en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Por ello el gobierno municipal en minoría del PP, reclama al Gobierno de España reconocer la libertad de los ayuntamientos de establecer sus propios tributos, permitiendo que puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, como hacen hasta ahora en la gestión de los residuos, con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal.

Por ello el gobierno municipal que encabeza Martínez propone, antes que nada, realizar un estudio exhaustivo que permite definir el coste del servicio, y la identificación de soluciones más adaptadas a la realidad municipal. Finalmente insta al Gobierno a reconocer las competencias de los consells insulares en la gestión de los residuos de las islas, permitiendo que la institución insular pueda apoyar, técnica y financieramente, a los municipios en su labor de mejora del servicio y las buenas prácticas para la consecución de los objetivos.

Como indica el PP, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminantes atenta directamente contra los consells, como institución supramunicipal competente en la gestión de los residuos –especialmente en cuanto al tratamiento de éstos- y de apoyo económico y técnico a los ayuntamientos.

La ley elimina, o en cualquier caso, dificulta arbitrariamente la ejecución de políticas que incentiven las buenas prácticas y la posibilidad de ayuda económica a los municipios para mejorar tanto los servicios como resultados y buenas prácticas.

Cabe recordar que el propio Plan Directorio Sectorial de Residuos del Consell de Mallorca, aprobado en fecha 24 de enero de 2020 que determina las directrices para la gestión de residuos en la isla, otorga a la institución insular competencias en fomento de la educación y concienciación y en el desarrollo de infraestructuras, así como el deber de esta institución de proporcionar soporte técnico y recursos a los ayuntamientos en la gestión de los residuos.

A ello se une el hecho de que la Directiva 2018/851 del Parlamento Europeo fija una serie de recomendaciones y posibles acciones a los Estados miembros para que éstos avancen en los objetivos de sostenibilidad pero, en ningún caso, pueden ser entendidas como una exigencia de obligatoria imposición, como sí lo hace la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminantes.

Para el primer edil palmesano los municipios de Baleares, de largo, ya están haciendo significativos esfuerzos y se encuentran en una situación aventajada – a nivel nacional- en cuanto a la aplicación de las citadas recomendaciones o acciones: recogida separada de la fracción orgánica y de los restos vegetales, existencia de una tasa sobre los residuos municipales por los hogares, reducción sobre la cuota en función de determinados buenos comportamientos o cuotas variables individualizadas.

Por tanto, las deficiencias de la Ley 7/2022 se verán como una penalización al esfuerzo y las buenas prácticas tanto de los vecindarios como de los ayuntamientos, por lo cual es «una ley especialmente dañina y desafortunada». Para el gobierno municipal «lo que hace falta es liderazgo e inversión hacia la consecución de los objetivos y la sostenibilidad de las islas y no una penalización por la tarea».

Por ello, concluyen los populares de Palma, la aprobación de esta moción es primordial para proteger la autonomía de los municipios, garantizar un trato justo para los ciudadanos y promover políticas que favorezcan la sostenibilidad.