700 VPO de alquiler social en Baleares en la estacada por la nula ayuda de Armengol a sus promotores

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 15/05/2022 06:55
  • Actualizado: 18/09/2024 16:34

La falta de ayudas públicas a promotores privados para la construcción de pisos sociales a precio tasado, y la inexistencia de un plan autonómico de vivienda que las complementen, mantiene paralizada la construcción, en dos o tres años, de hasta 700 pisos sociales alquiler en Baleares en los municipios mallorquines de Algaida, Palma, Manacor o Son Servera, pese a que hay más de 10.000 familias apuntadas en la Conselleria de Movilidad y Vivienda del Govern balear en lista de espera, para optar a una vivienda pública asequible.

Si, por un lado, el Gobierno central del socialista, Pedro Sánchez, ha eliminado estas subvenciones a los promotores privados de vivienda de alquiler asequible en el Real Decreto 42/2022, para estupor de los interesados, a nivel autonómico no se contempla nada sobre este particular.

Lo único que el Govern impulsará, será un aumento del precio de venta de las VPO, fijado desde hace 14 años en 1.940 euros metro cuadrado, pero no prevé ayudas directas, ni subvenciones a los promotores, para su edificación, pese a que éstos han materializado el 80% de las que se han construido en España en la última década.

Unos promotores que no reciben aportación pública alguna para su construcción, pero que si están obligados en caso de impulsarlas, a cumplir una serie de obligaciones y limitaciones, ya sea en el precio del alquiler (tasado y fijado en Baleares en 4,5 % metro cuadrado) o en el hecho de que no pueden elegir a sus futuros inquilinos, dado que es la Conselleria de Vivienda la que criba a los adjudicatarios.

La promoción publica de vivienda protegida en Baleares es muy escasa, dada la demanda existente y el hecho de que, el Govern de la socialista Francina Armengol, no construirá ni la tercera parte de los pisos baratos que prometió esta legislatura. A ello hay que sumar la ausencia de un plan autonómico de vivienda que conceda esas compensaciones, imprescindibles para que las cuentas cuadren a los promotores privados que quieran  impulsar la construcción de vivienda social de alquiler.

El último plan autonómico data nada menos que de 2008 y estuvo vigente hasta 2011, y no ha habido ninguno más, pese a que el acceso a este bien de primera necesidad se ha convertido en algo ya inaccesible para los residentes en Baleares. Unos promotores, por tanto, que no pueden desarrollar en las Islas la labor social que supone la construcción de pisos asequibles de alquiler, ni la transformación en viviendas de naves o inmuebles  de empresas que han caído en desuso, y se encuentran abandonadas por esa falta de ayudas públicas que compensen la inversión.