70 agresiones a profesores en los centros de enseñanza públicos de Baleares en lo que va de curso escolar

El protocolo de Notificación de Agresiones al Personal Docente (Nadib) ha recibido en lo que va de curso (hasta el 1 de abril) un total de 69 comunicaciones de agresiones a docentes en centros públicos.

Así lo ha dado a conocer tras una reunión con la Conselleria de Educación y Universidades el sindicato UGT, que ha expresado su preocupación por unas cifras «graves y preocupantes».

El protocolo se aplica a agresiones cometidas por alumnado o personas vinculadas con éste, tanto dentro como fuera del centro educativo, siempre que estén relacionadas con el ejercicio de las funciones docentes. Para conflictos entre docentes o entre docentes y otros trabajadores del centro, se activará el Procedimiento de Conflictos Interpersonales.

El documento considera agresión cualquier amenaza, abuso verbal o físico, intimidación, ataque físico, coacción o agresión sexual.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha integrado el riesgo de agresiones en la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo.
Además, colabora con las direcciones de los centros para diseñar e implementar medidas preventivas. Esta información, junto con la existencia del protocolo, se incluirá en la formación inicial en riesgos laborales que reciben los docentes.

En un comunicado, la organización sindical ha expresado la necesidad de actuar de manera inmediata para garantizar la seguridad y la convivencia en los centros educativos, así como la protección del personal docente.

La organización sindical ha reiterado que el profesorado desarrolla una tarea esencial para la sociedad y no puede verse sometido a situaciones de violencia física, verbal o psicológica en el ejercicio de su trabajo. «Ninguna agresión se puede normalizar ni minimizar», han insistido.

Ante este escenario, UGT ha pedido que se reconozca a los docentes como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, como ya ocurre en otras CCAA, y que se refuercen los protocolos de prevención y actuación ante agresiones.

Han reclamado igualmente más recursos humanos y apoyo especializado en los centros educativos, asistencia jurídica y psicológica inmediata para el profesorado afectado, planes de convivencia y educación en el respeto reforzados, así como seguimiento de las incidencias y transparencia en los datos.