Azcón reprocha a Guterres que el informe ‘fake’ de la ONU «está plagado de falsedades»

• Paula Ciordia @paulaciordia
• Zaragoza
• Periodista y filóloga. Corresponsal en Aragón.
• • 06/05/2024 19:00
  • Actualizado: 06/05/2024 19:02

Aragón ha plantado cara a la ONU con una carta sin precedentes. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha denunciado en una carta dirigida a Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, la falta de garantía jurídica y democracia en el proceder de dicha institución, por emitir un informe «plagado de falsedades», sin que haya dado audiencia «a una de las partes interesadas» antes de concluir imparcialmente un veredicto.

Según ha reprochado Jorge Azcón a Guterres, «esta exclusión del Gobierno de Aragón socava gravemente la objetividad del Informe y la obligada imparcialidad de sus conclusiones». El presidente se refiere al informe suscrito por Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz, que conoció el pasado viernes el Gobierno de Aragón por los medios de comunicación.

La carta de Aragón a la ONU

Azcón lamenta la consecuencia inmediata de esta omisión, que podía haberse evitado, de consultar directamente con el Gobierno de Aragón, y no basarse sólo en la información aportada desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Dado que la información suministrada por el Gobierno de España, plasmada en el informe, «contiene información sesgada e interesada».

Por lo que ya ha anunciado a Guterres, que Aragón remitirá un informe a modo de alegación, que «profundice jurídicamente» en todas estas cuestiones mencionadas.

Honrar a todas las víctimas

Azcón ha dejado claro en la carta dirigida al secretario general de la ONU, que Aragón tiene como objetivo «honrar a todas las víctimas», y, por ende, el ánimo de su Ejecutivo no está en «invisibilizar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista», a través del Plan de Concordia que el Gobierno de Aragón tiene previsto aprobar antes de verano, como ha anunciado en reiteradas ocasiones.

Además incluirá a las víctimas del periodo democrático, «como las víctimas de la banda criminal ETA y, por extensión, las del terrorismo». Algo por lo que paradójicamente no estaría muy por la labor los relatores de dicho informe, tal y como se desprende de las valoraciones que hacen a la ley de concordia de la Comunidad Valenciana, por «desvirtuar el objetivo de atender las necesidades y los derechos» de quienes cuantifican como «centenas de miles de víctimas del franquismo y la Guerra Civil».

Máxime cuando uno de ellos, Fabián Salvioli, avaló la conocida como Ley de abusos policiales del País Vasco, que criminalizaba a la Policía, por supuestas «torturas», especialmente en los años de la lucha contra ETA, tal y como recordó la semana pasada este diario.

Un relator criminaliza la policía

Mientras dicha Ley de abusos policiales del País Vasco, excluía de la consideración de «víctimas» a las propias víctimas de ETA así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por considerarlas víctimas de violencia de «motivación política». Hasta el punto que, en la aplicación de dicha Ley, el Gobierno del País Vasco ha llegado a reconocer a varios etarras como víctimas.

Decimos esto porque dicho informe elaborado por Salvioli, el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, fue clave para que el Ejecutivo vasco «demostrara» que la norma respetaba los principios internacionales de protección de las víctimas.

De tal forma que nada más llegar al poder Pedro Sánchez, su Gobierno retiró el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno de Mariano Rajoy a dicha norma. Y ahora, casualmente, dicho relator, junto con otros dos, han instado a Sánchez a que tome medias contra las supuestas ley de concordia aprobadas en la Comunidad Valencia, Castilla y León e incluso Aragón, que precisamente no ha aprobad ninguna ley.

El informe ‘fake’ vs. la carta a la ONU

Azcón en su carta a la ONU, no ha dudado en enumerar, una a una, las falsedades que incorpora como argumentos verídicos los tres relatores. En cuatro puntos, alude a cada una de las inexactitudes, omisiones y mentiras, que el informe da por hecho.

1. Aclara que Aragón «no ha aprobado ninguna ley de concordia». Por el contrario, explica a Guterres que lo que han aprobado las Cortes de Aragón una Ley que deroga la Ley 14/2018, de Memoria Democrática, aprobada por Lambán.
2. Azcón niega que la derogación de dicha Ley invisibilice «las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista». Por lo que aclara que su Gobierno «no impedirá que las Administraciones Públicas faciliten a ciudadanos y asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión, cualquiera que fuera el bando en el que militaran, su ideología o demás circunstancias personales».
3. Advierte que no se ha suprimido, al contrario de lo que afirma el informe de la ONU, ni la web institucional sobre memoria democrática, ni el mapa de fosas comunes, ni la información sobre los lugares de memoria democrática.
4. Sobre las subvenciones, desmiente que queden sujetas a un criterio injustificado. Muy al contrario, están reguladas por la legislación española.

La Ley de Memoria Democrática

Entre tanta polémica, podemos perder el foco y olvidar el motivo de por qué se derogó la Ley de Memoria Democrática, como contempló desde el inicio el acuerdo de gobernabilidad suscrito entre PP y Vox.

Un motivo que explica así mismo Azcón en su carta a Guterres para que no pueda obviar la circunstancia en la que nos ha abocado las leyes sectarias de Pedro Sánchez.

«A nuestro juicio, esta ley imponía un relato sesgado y realizaba una interpretación partidista de la historia. La ley idealizaba la Segunda República, enlazando este período convulso de nuestra historia con el modelo de democracia actual; condenaba los crímenes y atrocidades cometidos por un bando durante la Guerra Civil, pero relativizaba los cometidos por el otro; y limitaba la definición de víctimas a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por la otra», señala.

«Se trataba de un texto normativo que sembraba la división y la confrontación entre los aragoneses sobre una tragedia fratricida mediante la imposición de un relato ideológico de parte», ha incidido el presidente aragonés.