Azcón hace pinza con Sumar: fuerza a Montero a que incluya la despoblación en la financiación autonómica

• Paula Ciordia
• Zaragoza
• Periodista y filóloga. Corresponsal en Aragón.
• • 12/02/2025 14:21
  • Actualizado: 12/02/2025 14:23

Este miércoles, Jorge Azcón ha enviado una misiva a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para tratar de paralizar el nuevo criterio que quiere imponer el Gobierno de España de eliminar la despoblación y la orografía como criterios correctores del nuevo modelo de financiación autonómica.

Azcón ha logrado la unanimidad de todos los grupos políticos en Aragón para instar a Moncloa a cambiar el nuevo criterio. Si bien, el líder del Ejecutivo aragonés ha encontrado en Chunta Aragonesista un aliado para hacer pinza, a través de Sumar y su diputado nacional por Aragón (Jorge Pueyo), de cara a las negociaciones en Madrid.

La carta de Azcón a Hacienda

Este martes, el diputado de Chunta, Pepe Soro, expresó en las Cortes de Aragón su apoyo a Jorge Azcón  y éste le prometió que llamaría a Montero para tratar de salvar a Aragón de la gran merma que sufriría anualmente con 422 millones de euros menos de financiación.

Un día después Azcón ha remitido una carta a la vicepresidenta primera instando a mantener una reunión para abordar esta cuestión vital para Aragón en materia de financiación autonómica.

En esta carta le hace constar directamente de los «graves prejuicios que ocasionaría a la Comunidad Autónoma» si finalmente se tomara en cuenta el nuevo documento propuesto por el Comité Permanente de Evaluación (CTPE) a las comunidades autónomas en relación a la población ajustada.

Azcón le ha transmitido que no existe un amplio consenso en las comunidades autónomas para excluir del cálculo de la financiación el parámetro de despoblación, insistiéndole que son al menos seis regiones las que se mostraron a favor de mantener este factor en el próximo modelo.

Informe «manipulado»

Así el líder aragonés ha rebatido el informe «manipulado», tal y como se refirió este martes en el pleno de las Cortes, en el cual el Ministerio sólo se refería a Aragón, Cantabria y Castilla y León, dado que también serían las comunidades de Extremadura, Castilla y La Mancha y Asturias.

Según sostuvo Azcón, para Extremadura, la despoblación debía tener «la misma relevancia que la insularidad». Castilla y La Mancha, cifró la despoblación de «variable esencial», e incluso sostuvo que no debía ser tratada como una «variable más», sino que debía estar incorporada en todos tramos, como Sanidad, Educación, etc.

Por su parte, Asturias, consideró también que la despoblación y la orografía había que incluirla como la dispersión.

Para los populares la tergiversación en el número de comunidades es «inaudito», porque sólo busca«favorecer a los independentistas», ha reiterado la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero.

Al respecto, Azcón afeó que la ministra «utilice las mayorías como le conviene», puesto que para reformar el modelo de financiación autonómica catalana y la condonación de la deuda, «se va a saltar a la torera la posición de la mayoría».

Desde el Gobierno de Aragón denuncian la tergiversación de la ministra María Jesús Montero para hacer creer que las comunidades que se posicionaron en contra de seguir incluyendo la despoblación fueran del PP.

Puesto que, según sostienen desde el Ejecutivo aragonés, las dos comunidades autónomas más contrarias a incluir la despoblación fueron precisamente los dos archipiélagos que «estaban gobernados por el PSOE», es decir, Islas Baleares, cuya presidenta era Francisca Armengol (actual presidente del Parlamento), e Islas Canarias, cuyo presidente es irónicamente el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Por todo ello, Azcón ha exigido a Montero en la carta remitida este miércoles, que mantenga el informe técnico del pasado 2021, cuando en diciembre se propuso un nuevo modelo de financiación autonómica que contemplaba estos parámetros, así como tomar como referencia las propuestas de aportaciones de comienzos de 2022 que concordaron los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón y el Gobierno autonómico.