Aragón acusa a Sánchez de «injerencia» por recurrir la derogación de la Ley de Memoria al Constitucional

• Paula Ciordia
• Zaragoza
• Periodista y filóloga. Corresponsal en Aragón.
• • 28/05/2024 14:13
  • Actualizado: 28/05/2024 14:15

Sigue el tira y afloja entre Aragón y Pedro Sánchez por la derogación de la Ley de la Memoria Democrática, ante una cuerda que se está tensando cada vez más. El Ejecutivo de Azcón acusa a Sánchez de injerir en su autonomía,  en el intento de torpedear la decisión de las Cortes de Aragón de derogar la Ley de Memoria.

Pues hay que advertir una vez más, a fin de que quede claro: Aragón no ha aprobado ninguna ley que sustituya a la Ley de Memoria aprobada por el Ejecutivo de Lambán en 2008. Sencillamente ha derogado dicha ley.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez sigue en sus trece. Este martes, tras el Consejo de ministros, Ángel Víctor Torres ha anunciado que interpondrán un recurso finalmente contra dicha derogación en Aragón, advirtiendo que, en el caso de las otras comunidades autónomas (Comunidad Valenciana y Castilla y León), actuarán «en el momento en el que esas proposiciones de leyes se conviertan en leyes».

De tal forma que, la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha respondido a través de los medios de comunicación a la provocación del Gobierno de España, lanzándole una advertencia minutos antes de que se hiciera formal el anuncio del Consejo de ministros: «El Gobierno de España está instalado en una política de confrontación, que responde a un momento de conveniencia política de Sánchez. Es obvio que este recurso de inconstitucionalidad va en contra de la autonomía y del respeto a las Cortes aragonesas, que representan la representación política de todos los aragoneses, y donde se acordó derogar una ley».

«El Gobierno de España debería saber que no existe ninguna ley que obligue a tener una ley memorialista. Hay una política memorialista que está desarrollando en estos momentos el Gobierno de Aragón con el Plan de Concordia, que esperamos pronto a dar a conocer. Pero nada obliga a que exista una ley memorialista de carácter autonómico, de hecho hay comunidades autónomas, como Galicia, Madrid o Castilla y La Mancha, que no tienen una Ley de Memoria Democrática», ha señalado Vaquero.

Un apunte que corrobora el dictamen realizado por el El Consejo Consultivo de Aragón (y firmado por su presidente Xavier de Pedro Bonet), tras la solicitud el pasado ocho de mayo, por parte de Tomasa Hernández, consejera de Presidencia, Interior y Cultura, de quien depende este asunto.

El informe del Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo expone que la derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón, «se ajusta a un amplio margen de opciones de política legislativa, dentro del marco constitucional, y prueba de ello es que no todas las comunidades autónomas tienen una ley de memoria democrática». Una opinión que contrarresta claramente al informe de los relatores de la ONU, que desató la discordia entre Aragón y Moncloa, precisamente porque la propia ONU no contrastó la información aportada por el Ejecutivo de Sánchez con las propias comunidades autónomas apeladas.

Además dicho informe del Consejo Consultivo aragonés añade que «la defensa y la garantía de los derechos de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista no exige una legislación autonómica propia, pero sí un deber de colaboración y protección de la Administración autonómica, conforme al artículo 10 de la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el cumplimiento de la Ley Estatal 20/2020, de 19 de octubre, de Memoria Democrática».

Aragón vs. Sánchez y la Ley de Memoria

«No hemos cambiado de opinión, nuestra posición es la misma que hemos mantenido desde el principio», ha incidido Mar Vaquero. «De hecho, a sensu contrario, podríamos decir que el Estado ha estado incumpliendo o ha tenido una situación de inconstitucionalidad antes de 2022, que modificó esta ley, o antes de 2007. Por lo tanto, esta intención de presentar este recurso de inconstitucionalidad responde a una política de confrontación con las comunidades autónomas que no aplaudimos las políticas de Sánchez, y lógicamente el Gobierno de Aragón seguirá defendiendo los intereses de todos los aragoneses, su autonomía y el papel que tienen las Cortes para regir los derechos y las libertades de todos los aragoneses», ha añadido.

«El Tribunal Constitucional resolverá», ha respondido Vaquero, «nosotros tenemos claro que ha sido avalada y que tiene unos informes jurídicos que son intachables y, por lo tanto, hemos ejercido la labor que está reconocida a las Cortes de Aragón, tanto en nuestro Estatuto de Autonomía como en la propia Constitución».

Al tiempo que insiste en «las amenazas del Gobierno de España, cuando se trata de utilizar los derechos y las libertades de los aragoneses, en este caso para hacer una batalla de confrontación es no respetar a unos ciudadanos».

Precisamente por este motivo, hay que recordar que el Gobierno bipartito de PP y Vox, liderado por Jorge Azcón, rechazó acudir a la bilateral propuesta por el ministro de Vertebración Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Y ahora, es precisamente por este plantón, por el que Moncloa justifica la decisión de recurrir la derogación.

Además, la portavoz ha dejado abierta la puerta para que el resto de formaciones se sumen al próximo Plan de Concordia (que no tendrá rango de ley) en ciernes en la comunidad y que se espera que se apruebe antes de verano.