Violencia y amenazas en las prisiones de Málaga ante la pasividad de Marlaska

Los funcionarios de prisiones llevan mucho tiempo exigiendo ser reconocidos como figura de agente de autoridad ante los internos de las cárceles españolas. Y es que algunas situaciones, como las amenazas y actos violentos que se vienen sucediendo en los centros de Málaga, están provocando una enorme preocupación entre el colectivo. 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha mostrado su preocupación por el incremento de las situaciones violentas que se están produciendo hacia los trabajadores penitenciarios, por lo que ha reclamado que se agilice el cambio en la Ley de Cuerpos Penitenciarios, un refuerzo de las plantillas y que se reconozca la figura de agente de autoridad para el colectivo.

Todo ello, en palabras del sindicato, ayudaría a evitar agresiones a los trabajadores de los centros de la provincia de Málaga, que en los últimos meses se ha visto incrementado, lo que «ha generado un clima de preocupación entre los propios funcionarios y que requiere que se adopten medidas cuanto antes», han pedido en un comunicado.

La antigüedad de las instalaciones del centro Málaga I, unida a la sobrepoblación, hace que la seguridad se vea muchas veces comprometida, han asegurado en CSIF, desde donde señalan que actualmente se encuentran 470 trabajadores, para garantizar la seguridad tanto de unos internos que han llegado a superar los 1.300, como de los propios funcionarios.

Por ello, reclama un refuerzo de la plantilla que «ayudaría a evitar agresiones y situaciones violentas hacia los trabajadores», junto con el reconocimiento de la figura de agente de autoridad para el colectivo de funcionarios de prisiones.

Además, reclaman al Ministerio del Interior un impulso a la Ley de Cuerpos Penitenciarios desarrollada por la administración y los sindicatos representativos. CSIF recuerda que «el primer trimestre de este año era la fecha marcada para poner en marcha la normativa, que supondría una modernización legislativa en el ámbito de la administración penitenciaria, acabando así con un conjunto normativo pre constitucional».

Dos actos violentos en 24 horas

En este sentido, CSIF ha alertado de que el pasado domingo se produjeron dos actos violentos a funcionarios de la prisión Málaga I, en Alhaurín de la Torre, apenas dos semanas después de que dos funcionarios de este centro fueran agredidos por parte de un preso.

Uno de ellos, jefe de servicio, tuvo que ser atendido por el médico de la prisión tras recibir una patada por parte de un preso que se negó a salir de su celda. Ocurrió en el módulo 9, tras avisar la funcionaria encargada del mismo al trabajador agredido de que un interno se había atrincherado en su celda y se negaba a salir.

El funcionario se personó en el módulo para intentar que el interno desistiera de su actitud, recibiendo una patada en la mano, por la que tuvo que ser asistido por el facultativo del centro penitenciario, según señalan desde el sindicato.

Ese mismo día se produjo también un intento de agresión al funcionario de enfermería, que logró evitar un cabezazo por parte de un interno enfermo psiquiátrico -que ha protagonizado varios episodios violentos dentro de la prisión- que trató de llevarse la medicación durante el reparto.

Amenazas

Por otra parte, en un escrito remitido al Comité de seguridad y salud de Instituciones Penitenciarias (IIPP) en Málaga, CSIF ha solicitado una aclaración por parte de la dirección del centro Málaga II, en Archidona, sobre las amenazas a los funcionarios de este centro que este lunes acudieron al juzgado de la localidad a declarar por el fallecimiento de un interno.

El sindicato ha pedido que se constituya un grupo de trabajo que estudie y valore las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones, solicitando con antelación a los juzgados la comparecencia de los funcionarios por videoconferencia y garantizando la seguridad de los trabajadores.

Por último, CSIF ha pedido a ambos centros penitenciarios -Málaga I y II- que informen acerca de cómo se va a desarrollar el proceso de vacunación a los internos de ambas prisiones, que está previsto que comience en las próximas semanas.