La treta del Gobierno: cuela a 634 menas en Andalucía como mayores de edad para no ocuparse de ellos

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 18/07/2025 21:00
  • Actualizado: 18/07/2025 21:00

Desde octubre de 2023, la Junta de Andalucía ha detectado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha introducido en la comunidad a 634 menores migrantes no acompañados (menas) como si fueran adultos, eludiendo así su responsabilidad legal sobre ellos. Esta maniobra, según fuentes del Gobierno andaluz, ha supuesto una carga adicional de 17 millones de euros anuales para las arcas públicas andaluzas.

Las mismas fuentes denuncian que el Ejecutivo central está tratando de forzar un reparto de menas por comunidades autónomas que favorece a territorios como Cataluña y el País Vasco, dejando la mayor presión sobre regiones como Andalucía. Concretamente, ni uno llegaría a Cataluña y al País Vasco. Pero sí 677 serían a Andalucía. «Se quiere hacer un reparto a la medida de Cataluña y País Vasco, tratando a los niños como mercancía política», advierten a OKDIARIO Andalucía desde la Junta.

El Gobierno andaluz ha dejado claro que no se opone a acoger a estos menores, pero exige que se haga con planificación, orden y financiación adecuada. «Andalucía quiere seguir acogiendo a menores, pero de manera ordenada, planificada y financiada. Andalucía seguirá siendo una tierra solidaria con los menores que lleguen, pero preservando la atención y la protección de los niños», afirman las fuentes consultadas.

Actualmente, el sistema de protección de menores en Andalucía está funcionando al 98% de su capacidad. Esta sobrecarga amenaza con romper el modelo de atención de calidad que la comunidad ha desarrollado, centrado en la dignidad y el bienestar de los menores. «Nuestro sistema de protección de menores está al límite de su ocupación (casi un 98%)», subrayan desde la Junta.

Cada mena cuesta 2.200 € al mes

El coste económico de esta situación no es menor: los 634 menores mal clasificados como adultos han generado un gasto extraordinario de 17 millones de euros anuales, lo que equivale a 27.000 euros por menor al año, o 2.200 euros mensuales. Y todo esto, sin que el Gobierno central haya asumido ni planificación ni responsabilidad. «Desde octubre de 2023, Andalucía ha atendido ya a 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de Sánchez nos coló como adultos por la puerta de atrás», insisten las fuentes de la Junta.

El proceso habitual cuando un mena llega a Andalucía es claro y riguroso. Primero, entra en un centro de protección de menores. Allí se le asignan trabajadores sociales y se le garantiza el acceso a alimentación, vestimenta, y formación para facilitar su integración laboral. Además, se le ofrece apoyo para aprender el idioma. Todo este sistema está pensado para garantizar la dignidad y la protección del menor. «El objetivo de Andalucía es garantizar una atención digna y de calidad a los menores (a los que se van a trasladar y a los que ya forman parte del sistema de protección andaluz)», explican desde el Ejecutivo de Juanma Moreno a este periódico.

Sin embargo, el modelo que pretende implantar el Gobierno de Pedro Sánchez pone en riesgo este equilibrio. Según denuncian desde la Junta, «el Gobierno de España quiere romper el modelo que tenemos en Andalucía y apilar a niños en edificios». Este enfoque, aseguran, deshumaniza a los menores y los convierte en simples cifras para resolver un problema político.

La Junta insiste en que «el interés del menor está por encima de todo», y que no se va a permitir que estos niños sean utilizados como moneda de cambio en negociaciones políticas. «Antes que el interés de Sánchez por permanecer en La Moncloa está el interés del menor», sentencian. «El Gobierno andaluz no va a contribuir a que los menores migrantes sean tratados como mercancía política», añaden desde la Junta.

La estrategia del Ejecutivo central, según las fuentes de la Junta, persigue eludir costes y responsabilidades, cargando sobre las comunidades autónomas —especialmente sobre Andalucía— un problema que debería ser gestionado desde el Estado. Con esta maniobra, además de desbordar el sistema andaluz, se impide que los menores reciban la atención adecuada, pues muchos llegan ya con semanas de retraso sin atención social ni supervisión.

Por todo ello, Andalucía se planta. El Gobierno autonómico defiende un sistema donde se respete al menor como sujeto de derechos, no como una herramienta al servicio de los intereses del poder central. Y eso implica exigir una distribución justa, medios suficientes y una coordinación seria. Porque los niños no son mercancía política.