Piden seis años de prisión para el ex alcalde de Oria (PSOE) por recibir 10.000 € por adjudicar un bar

El socialismo andaluz es sinónimo de chiringuito. No hay semana que no salgan a la palestra nuevos altos cargos socialistas en la comunidad que van a juicio por sus presuntas corruptelas. En este caso, la Audiencia Provincial de Almería juzgará a José Pérez, ex alcalde socialista de Oria (Almería), por recibir supuestamente 9.500 euros de fianza por la adjudicación del bar-restaurante de la piscina municipal. La Fiscalía pide seis años de prisión y un total de 20 de inhabilitación especial para empleo y cargo público.

Pére recibió los 9.500 euros «de forma directa y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido». El Ministerio Público señala que Pérez, regidor entre 2007 y 2015 con el PSOE, se «quedó para sí» este dinero, que «recibió» de la persona que consiguió irregularmente la explotación del establecimiento «en lugar de ingresarla en las arcas municipales» y afirma que, además, tramó un «burdo intento de legalización» del proceso de adjudicación, «que ni se formalizó», según el escrito provisional consultado por Europa Press.

En el escrito de calificación provisional le atribuye la presunta comisión de un delito de prevaricación por el que interesa diez años de inhabilitación y otro de malversación de caudales públicos por el que pide seis años de prisión y otros diez de inhabilitación. Solicita, además, que indemnice al Ayuntamiento de Oria en la cuantía de 9.500 euros.

El Juzgado de Instrucción Único de Purchena acordó en 2015 tramitar la causa como tribunal de jurado pero, finalmente, esta resolución fue revocada y los hechos tramitados como procedimiento abreviado.

El Ministerio Público sostiene que, en 2004, el exalcalde socialista «adjudicó de forma directa, prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido», la explotación del bar-restaurante de titularidad municipal de la piscina y que lo hizo «sabiendo que esto era contrario a derecho y con absoluto desprecio hacía la legislación».

Apunta que no tramitó expediente de contratación, lo que supone que llevo a cabo «una contratación verbal prohibida por la legislación» en una actuación que describe, asimismo, como «arbitraria».

«Con su caprichoso quehacer, el acusado vulneró los principios de igualdad, no discriminación, libre concurrencia y publicidad que han presidir la contratación pública, lo cual culminó con la exclusión de eventuales competidores para la contratación y los beneficios que esa competencia podría reportar para la administración», remarca.

El fiscal relata, asimismo, que, un mes después, José Pérez «intentó revestir de apariencia legal» la adjudicación, para lo que presuntamente aprobó un pliego de cláusulas por resolución de Alcaldía y emitió un bando publicitando la adjudicación y recepción de una serie de proposiciones económicas en un «burdo intento de legalización, dado que ni siquiera llegó a tramitarse el expediente administrativo en su totalidad y puesto que ni se formalizó la adjudicación, ni se procedió a la publicación de la misma».

Con respecto al delito de malversación de caudales públicos, el escrito recoge, que días después de esto, en su condición de alcalde y en ejercicio de sus funciones públicas, recibió presuntamente del adjudicatario la cantidad de 9.500 euros «en efectivo en concepto de fianza que, con la intención de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial, se quedó para si en lugar de ingresarla en las arcas municipales».

Cabe recordar que José Pérez fue condenado en firme en mayo de 2018 por el Tribunal Supremo (TS) a diez años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por cometer un delito continuado de prevaricación administrativa al firmar numerosos contratos temporales, sin seguir ningún procedimiento administrativo y sin justificar las causas de la elección de las personas contratadas.