Otro lío socialista en Andalucía: un juez investigará a Fernando Zamora por prevaricación y malversación

Fernando Zamora, Alcalde de San Juan de Aznalfarache, será investigado por un juez tras una denuncia interpuesta por Vox Sevilla, que acusa al edil socialista de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, tras probar mediante un informe cómo la denominada moneda social “no tiene un reglamento para designar a los beneficiarios”.

Vox Sevilla, a través de su presidente Javier Cortés, presentó a mediados de diciembre una denuncia en los juzgados contra el Alcalde de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora. En el escrito se solicitan penas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos, por el conocido ‘caso moneda Ossetana’.

Los indicios de delito presentados por Vox han provocado que el juzgado de instrucción número 14 de Sevilla haya decidido abrir diligencias previas para investigar el caso a fondo, tras considerar el juez que “cabe presumir la existencia de una infracción penal”.

Caso

Conviene recordar que desde diciembre de 2017 el Ayuntamiento de la citada localidad sevillana ha estado destinando una partida de decenas de miles de euros anuales a la ONG ‘Asamblea de Cooperación por la Paz’ para supuestamente “ayudar a las personas o familias con necesidades o las personas más desfavorecidas del municipio de San Juan, y a la vez fomentar el comercio de la localidad”. Para tal efecto y en colaboración con la Asociación Comercial de San Juan se puso en marcha una moneda social, denominada moneda Ossetana, con la cual los beneficiaros podrían “adquirir productos de alimentación básica y saludable” para los miembros de dichas familias.

Sin embargo la realidad denunciada parece ser bien distinta. Vox recuerda en su escrito que “el Ayuntamiento se comprometía a identificar las necesidades y los usuarios del programa, definiendo los Servicios Sociales Municipales los criterios para el acceso a las prestaciones sociales y acompañando técnicamente el desarrollo de las actividades impulsadas por la parte social, haciendo un seguimiento, control, eficacia y evaluación del uso de la moneda social”. Pero un informe emitido por cuatro funcionarios con Habilitación Nacional del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, y al que tuvo acceso la parte demandante, pone de manifiesto que “no existe expediente alguno sobre el programa de moneda Ossetana”, produciéndose “una articulación de un mecanismo paralelo a la contabilidad y gestión del gasto municipal”.

Como consecuencia el citado informe evidencia que “el programa de la moneda social Ossetana no está reglado” y está basado en un reconocimiento de obligaciones o ejecución del gasto que pueden conllevar ilícitos penales, según refleja la denuncia de VOX, quien considera que se trata de una “actuación arbitraria de la administración municipal actuando de facto y al margen de los parámetros constitucionales”. Y es que el documento detalla que “no hay un reglamento u ordenanza alguna en la que se recojan con claridad y de forma conocida por todos los criterios que se utilizan desde los servicios sociales para designar los beneficiarios de las ayudas”.

Dicho todo esto la denuncia considera que en el ‘caso moneda Ossetana’ “nos encontramos un intencionado y grave atentado personal con vulneración y clara dejadez de funciones, con una clara omisión de trámites esenciales en el procedimiento”.

En última instancia la denuncia destaca en su último punto que “hay muchos gastos que no se corresponden con la finalidad de la moneda Ossetana, correspondiendo a gastos en bares y verbenas celebradas en el pueblo” así como el hecho de que supuestamente se han producido compras “que no se corresponden con alimentos de primera necesidad, tales como botellas de bebidas alcohólicas”, e incluso “parece ser que algunos beneficiarios de esta moneda no son vecinos del municipio de San Juan de Aznalfarache”.

El presidente de Vox Sevilla, Javier Cortés, reconocía tras conocer la noticia que este partido va a “seguir velando por el buen uso del dinero público, exigiendo que se destine a la gente más humilde y necesitada”, abanderando una vez más la lucha contra “los chiringuitos y el despilfarro del dinero público, que es de todos y no de quienes se creen impunes ante la ley”.