ONGs de Marruecos acusan a España de «racismo estructural» contra los inmigrantes ilegales marroquíes
Las organizaciones marroquíes han exigido a España una respuesta inmediata
Más de treinta organizaciones de derechos humanos de Marruecos han alzado la voz contra lo que describen como «racismo estructural» en el trato que España ofrece a los inmigrantes marroquíes en Melilla. Según un comunicado conjunto difundido por medios del país vecino, estas entidades condenan el abandono que sufren sus ciudadanos, quienes, tras llegar a nado a la ciudad autónoma, han pasado más de dos semanas en la calle, sin acceso al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Las ONGs denuncian que estas personas, muchas de las cuales llegaron empapadas, sin ropa adecuada ni calzado, no han recibido asistencia humanitaria básica. Para las organizaciones, esta situación constituye una «flagrante violación de los derechos humanos» y refleja un trato discriminatorio basado en la nacionalidad. Aseguran que, mientras otras nacionalidades son acogidas en el CETI bajo el protocolo habitual, a los marroquíes se les imponen requisitos administrativos previos que califican de injustos e inalcanzables.
Un punto crítico señalado por las entidades es la exclusión de los marroquíes de los programas de ayuda, una práctica que, según afirman, se sustenta en un supuesto acuerdo bilateral entre España y Marruecos. Este acuerdo, cuestionado por su falta de transparencia y base jurídica sólida, sería la excusa empleada por la dirección del CETI para denegarles la entrada. Además, las ONGs han alertado sobre casos de devoluciones forzosas a Marruecos, lo que podría contravenir el principio de no devolución del derecho internacional, que prohíbe expulsar a personas hacia lugares donde corran riesgo de persecución o tratos inhumanos. Entre los afectados, al menos una persona necesitó atención médica urgente por su estado crítico.
La situación se ve agravada por la reciente reforma del sistema español de solicitud de protección internacional, ahora limitado a una plataforma electrónica. Las organizaciones advierten que este cambio deja fuera a muchos inmigrantes marroquíes, quienes, al carecer de dispositivos o internet, no pueden iniciar el trámite de asilo ni acceder a los derechos asociados. «Es una trampa burocrática que les condena al desamparo», sostienen las entidades, destacando que esta barrera no parece afectar de igual modo a otras nacionalidades.
El CETI, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está diseñado para acoger temporalmente a migrantes vulnerables, pero su capacidad y recursos han sido objeto de críticas recurrentes, especialmente en momentos de alta presión migratoria. La denuncia de las ONGs marroquíes se suma a señalamientos previos, como los reportados por El Faro de Melilla a finales de marzo, que ya apuntaban al abandono de migrantes en las calles como parte de una política sostenida.
Las organizaciones han exigido a España una respuesta inmediata: garantizar los derechos fundamentales de todos los migrantes sin distinción, ofrecer asistencia humanitaria a quienes están en situación crítica y aclarar públicamente si existen acuerdos bilaterales que justifiquen estas prácticas. También han pedido que se revisen los procedimientos para asegurar un trato igualitario y digno, haciendo un llamamiento urgente a las autoridades para poner fin a lo que consideran una crisis humanitaria en territorio español.
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