Andalucía cuenta con casi 3.700 viviendas públicas propiedad de la Junta okupadas de forma ilegal

Si recientemente se dio a conocer la cifra de casas okupadas en Andalucía en este 2020 -siete al día para un total de 1.183 a principios de diciembre-, este lunes hemos conocido que en la comunidad constan al menos 3.677 inmuebles de titularidad pública okupados en la actualidad.

El dato lo ha proporcionado la Junta de Andalucía a pregunta del Grupo Parlamentario Vox, que quería tener constancia del número de viviendas públicas del Gobierno regional okupadas ilegalmente. Los casi 3.700 inmuebles son los contabilizados desde enero de 2019 y hasta octubre de este mismo año.

Asimismo, el Ejecutivo andaluz ha informado en una nota de que los expedientes de recuperación de inmuebles por okupación ilegal abiertos en Andalucía no superan los 350, mientras que la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha trasladado al grupo de Santiago Abascal que el coste para las arcas públicas por la okupación de estas viviendas es difícil de precisar, ya que concurren situaciones de muy distinta naturaleza.

La lacra «debe ser combatida»

Desde Vox no dudan en calificar esta situación como «escandalosa». Su portavoz adjunto, Rodrigo Alonso, ha insistido en que la lacra de la ‘okupación’ ilegal «debe ser combatida». «El problema está en su auge. Es una gran preocupación para los barrios afectados, ya que genera inseguridad, problemas de salubridad, cultivo de marihuana, enganches de agua y luz ilegales y problemas de convivencia, sobre todo, entre personas de culturas distintas y opuestas», denuncia.

El parlamentario Alonso recuerda que Vox defiende la creación de «una ley ‘antiokupación’ y antiusura, que permita desalojar a los ‘okupas’ ilegales en menos de 24 horas». Y ha recordado que en los acuerdos presupuestarios se ha firmado poner en marcha el Sistema Andaluz de Lucha contra la Okupación Ilegal y de Asesoramiento para la protección de la vivienda, estableciendo además que se prohíba la concesión de cualquier tipo de ayuda pública a aquellas personas que okupen una vivienda ilegalmente o a aquellas asociaciones que fomenten la okupación.

«Es intolerable esta situación y, peor aún, que el Gobierno no sepa definir cuánto les cuesta a los andaluces la okupación ilegal de viviendas públicas. Exigimos al Gobierno que regularice de forma inmediata esta situación y emprenda un plan de vivienda social, perfectamente regulada, y permita a los más vulnerables tener acceso a una vivienda digna», ha aseverado el portavoz adjunto de Vox, grupo que ya ha sufrido episodios de censura por su clara oposición ante este problema social.