El Gobierno amenaza a quien emplee a marroquíes irregulares en Ceuta: «Es un incumplimiento muy grave»

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Delegación en Ceuta, ha advertido a las familias y empresas de la ciudad autónoma de que aquel que emplee a ciudadanos marroquíes llegados a Ceuta durante la avalancha migratoria sufrida a mediado de mayo «es constitutivo de responsabilidad en el ámbito administrativo» y supone un incumplimiento «muy grave» tanto de la normativa en materia de Seguridad Social como de la de Extranjería.

En un comunicado, el Área de Trabajo de la Administración General del Estado ha hecho especial hincapié en el ámbito doméstico, donde hasta el cierre de la frontera por la pandemia en marzo del año pasado había más de 2.200 mujeres marroquíes cotizando a la Seguridad Social como empleadas de hogar, número que ha caído hasta menos de 700. Los sindicatos estiman que al menos otras dos mil trabajaban en domicilios particulares ilegalmente.

Ante la certeza de que entre el 17 y el 19 de mayo regresó a la ciudad un número indeterminado de esas trabajadoras, la Delegación ha alertado de que «quienes procedan a beneficiarse de sus servicios incurren en un incumplimiento de carácter grave en materia de Seguridad Social en el caso de que tengan en regla sus autorizaciones administrativas para trabajar y no procedan a la tramitación del alta».

Si carecen también de esos permisos se cometerá «un incumplimiento de carácter muy grave» en materia de Extranjería. La administración no prevé volver a tramitar permisos de residencia y trabajo en régimen transfronterizo, un sistema que obliga a pernoctar en Marruecos, mientras no se reabra la frontera del Tarajal, que seguirá cerrada al menos hasta finales de junio.

Los trabajadores del país vecino beneficiarios de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) extraordinarios ligados a esa restricción de tránsito tampoco podrán salir de ellos y reactivar sus contratos para «evitar un efecto llamada a costa de que pongan en riesgo sus vidas».