Franciscanos recurren la condena a un sacerdote a 20 años de prisión por abusar de alumnas de 9 años

Los Franciscanos han recurrido una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un sacerdote de la orden a 20 años de prisión por haber abusado sexualmente de varias alumnas de tercero y cuarto de primaria, es decir, de apenas 9 y 10 años.

La Orden de Frailes Menores (OFM) Franciscanos ha decidido interponer un «recurso de apelación», ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba por la que ha sido condenado un sacerdote miembro de dicha orden a 20 años de prisión por abusar sexualmente de varias alumnas de Tercero y Cuarto de Primaria en un colegio de la capital cordobesa, donde era su profesor de Religión.

Ante esto y en un comunicado difundido en su web, consultada por Europa Press, la Provincia de la Inmaculada Concepción de la citada OFM Franciscanos ha dado a conocer que recurrirá el fallo judicial, al considerar que es «un deber ineludible conocer la verdad de los hechos denunciados».

Además, la Orden de Frailes Menores Franciscanos ha afirmado seguir «a disposición de las presuntas víctimas y sus familiares», lamentando «el daño que la misma denuncia haya causado», pero apelando, «no obstante, al principio constitucional de presunción de inocencia y a ser juzgado por una segunda instancia, a la que tiene derecho toda persona cuando la sentencia desfavorable aún no es firme», como es el caso.

Esta es la reacción de los Franciscanos, una vez «conocida la sentencia condenatoria emitida por la Audiencia Provincial de Córdoba, en el juicio» seguido «contra uno de los religiosos franciscanos que trabajaba hace seis años en la parroquia aneja al Colegio Santa María de Guadalupe, en Córdoba, por denuncia de presunto abuso sexual a unas alumnas del citado centro».

En cualquier caso, la orden religiosa ha manifestado, su «firme voluntad de trabajar a favor de la protección de menores, previniendo y denunciando cualquier abuso sexual, de autoridad o de cualquier otra conducta punible, ejercidos o no por el personal de nuestros centros escolares y parroquias, sea sacerdote, religioso o seglar, como obliga y sanciona nuestro protocolo de prevención y actuación contra estos abusos», pero también consideran «un deber ineludible conocer la verdad de los hechos denunciados» y, por ello, interpodrán el citado recurso.