El exalcalde del PSOE-A que usó el móvil del ayuntamiento para servicios eróticos: «Soy víctima de una estafa»

El exalcalde socialista de Castril (Granada), José Juan López Ródenas, investigado por un presunto uso de fondos públicos para la compra de servicios televisivos y eróticos desde el teléfono del ayuntamiento, alega que fue víctima de una «estafa» y que ya se siente «condenado».

En su declaración ante la Audiencia de Granada, López Ródenas afirma que «desconocía» el funcionamiento de estos servicios y que «jamás» llegó a contratarlos de forma «consciente y voluntaria». De hecho, niega conocer el modo en que los citados servicios pudieron activarse: «Yo no me pasaba el día abriendo mensajes», ha manifestado.

Cabe recordar que el socialista está sentado en el banquillo de los acusados por haber utilizado el móvil que tenía asignado por el Ayuntamiento durante su etapa de gestión para asuntos ajenos a la función pública por un importe cercano a los 1.600 euros, que devolvió sólo cuando fue citado a declarar.

Ocio, compras, productos eróticos y de TV

López Ródenas, que fue alcalde de Castril de 2004 a 2011, ha declarado así en el juicio que ha comenzado este martes contra él por un delito de malversación de fondos públicos que le atribuye la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de la localidad, a raíz de que se detectaran en las facturas telefónicas cargos por servicios de ocio, compras, descargas, productos de televisión y eróticos.

El regidor ha mantenido que ya antes de su salida de la Alcaldía, en 2011, desde el Ayuntamiento se detectaron estos cargos «irregulares» en las facturas y se pusieron en contacto sin éxito con la compañía telefónica para reclamar.

El coste total fue de 1.579 euros que López Ródenas abonó en la cuenta municipal, por lo que su defensa sostiene que no ha existido perjuicio al Ayuntamiento de Castril y el propio exregidor enmarca esta causa en una campaña de «acoso y calumnias» contra su persona. «Ya me siento condenado», ha llegado a decir a preguntas de su defensa, la única a la que ha respondido.

La acusación particular pide para él nueve meses de prisión, multa de 804 euros e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante nueve meses. Alternativamente, solicita que se aplique la pena del Código Penal vigente a la fecha de los hechos de multa de 3.240 euros y suspensión de empleo o cargo público por 21 meses. Durante el juicio, el abogado del Ayuntamiento ha hecho hincapié en que el exregidor reintegró los 1.579 euros tarifados por estos servicios cuando «ya había sido citado a declarar por el Juzgado, de modo que no existe un arrepentimiento previo».

Agrega que, aunque se devolviera el dinero y no se trate en todo caso de una cantidad muy elevada, ello no impide que se cometiera el delito y lo que se busca con esta acusación es un «reproche penal» a esa forma de proceder.

La Fiscalía no ha formulado acusación contra el exregidor, aunque ha querido aclarar a los miembros del jurado que esta posición «no es definitiva» y, si se demuestra durante el juicio que contrató de forma voluntaria estos servicios ajenos a su labor pública, «no tendrá inconveniente» en modificar sus conclusiones. Está previsto que la vista oral continúe este miércoles.