La ex alcaldesa comunista de Manilva (IU), a juicio por prevaricación y malversación junto al actual regidor

Este jueves el alcalde de Manilva (Málaga), Mario Jiménez (Compromiso Manilva), y la ex alcaldesa, Antonia Muñoz (IU), serán juzgados junto a otras cinco personas por presuntos delitos de prevaricación y malversación por presuntas irregularidades en el traspaso de fondos municipales a la entidad urbanística El Hacho cuando Muñoz era la primera edil.

La celebración de la vista oral estaba prevista para el pasado mes de mayo, pero el alcalde se encontraba en ese momento hospitalizado, por lo que los abogados de los acusados consideraron que el juicio se debía aplazar para celebrarse en unidad de acción; mientras que el fiscal mantuvo que se podían celebrar dos vistas. Finalmente, la Sala acogió el argumento de las defensas.

Esta causa es una de las piezas en las que está acusada la exregidora y otros miembros de corporaciones municipales de Manilva de los últimos años y se refiere a un supuesto trasvase de fondos entre 2009 y 2012 desde el Ayuntamiento a la Entidad Urbanística colaboradora ‘El Hacho’; así como la gestión y los procedimientos seguidos para ello.

La Fiscalía solicita inicialmente ocho años de prisión para la exregidora, al acusarla de dichos delitos con carácter continuado; mientras que para el alcalde y otras cuatro personas pide cuatro años de cárcel y 17 de inhabilitación para empleo o cargo público. Asimismo, está acusado un asesor, para el que el ministerio público pide que se le impongan siete años de cárcel.

El ministerio público entiende provisionalmente que, «con pleno conocimiento de su ilicitud y a pesar de la oposición de la Tesorería Municipal, de la Intervención y de la Tesorería de la Seguridad Social», tanto Muñoz como la junta de gobierno, donde estaba el actual alcalde, ordenaron una serie de operaciones de mandamiento de pago «por conceptos no presupuestados» del Ayuntamiento a ‘El Hacho’.

Dichos mandamientos de pago fueron aprobados mediante decreto por la entonces alcaldesa y se referían a distintos conceptos, «no constando» en algunos de los casos que se debiera efectuar préstamos por parte del Ayuntamiento a dicha entidad urbanísticas. Además, se señala que varias de estas transferencias se realizaron por petición del asesor jurídico procesado.

Asimismo, la acusación apunta en su escrito provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, que dos traspasos fueron aprobados en junta de gobierno local -en las que estuvo el actual regidor- «a sabiendas de la ilicitud» y constando informes en contra. El fiscal pide como responsabilidad civil que los siete acusados y la entidad urbanística El Hacho indemnicen al Ayuntamiento con 217.159,67 euros.