El ex alcalde socialista de Castril que gastó dinero público en llamadas eróticas dice que fue una estafa

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 19/10/2022 15:31
  • Actualizado: 19/10/2022 16:41

El ex alcalde socialista de Castril (Granada), Juan José López Ródenas, ha señalado este miércoles en el juicio que investiga el pago con dinero público de servicios eróticos a través de su teléfono móvil que fue víctima de una «estafa». Una «estafa» que costó a las arcas públicas 1.579 euros por esta clase de productos sexuales. Pese a que Ródenas asegura que no fue consciente de ello, contrató los servicios de hasta once empresas de este tipo diferentes.

Ródenas asegura que «jamás» usó el móvil que tenía asignado durante su etapa como regidor para fines ajenos a la función pública, contratando servicios de ocio, televisión y «mucho menos para temas relacionados con llamadas eróticas», sino que fue víctima de una «estafa» por la que le cargaron esta clase de productos durante dos años por un coste total de 1.579 euros sin que él fuera consciente.

Así lo ha expuesto López Ródenas durante su declaración en la primera sesión del juicio que la Sección Primera de la Audiencia de Granada ha tenido que repetir en relación con esta causa, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara el veredicto del jurado popular que en su día declaró culpable al ex regidor y ordenara repetir la vista oral para que, entre otras pruebas, se incluyera la testifical de un concejal de aquella época en cuyo móvil también hubo cargos de empresas de servicios de marketing, aunque para él sí se archivó la causa.

La Fiscalía no acusa a López Ródenas al entender que no existen elementos suficientes para determinar que contrató de manera consciente estos servicios y porque cabe la posibilidad, por tanto, de que haya sido víctima de una «práctica fraudulenta» por parte de estas compañías de ‘SMS Premium’. En todo caso, la fiscal ha matizado que aunque se hubiera producido una contratación voluntaria de estos servicios por parte del entonces alcalde ello no sería constitutivo de un delito de malversación de fondos públicos como le atribuye la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Castril, la única en este proceso.

La defensa del ex regidor ha hecho hincapié, durante su exposición inicial ante el jurado, que los hechos se produjeron entre diciembre de 2008 y enero de 2011, unas fechas en las que este mercado de los SMS Premiun no estaba del todo regulado y hubo «miles de personas» afectadas por situaciones similares a esta. Asimismo, ha recalcado que las acusaciones contra el ex regidor se produjeron tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de la localidad y se fundamentan, a su juicio, en «espurias motivaciones políticas que no deben merecer el amparo judicial».

La acusación particular discrepa de este análisis y subraya que durante más de dos años «se contrataron servicios de once empresas distintas», de modo que el entonces alcalde «sabía perfectamente lo que hacía» teniendo en cuenta que venía reflejado en las facturas, lo cual merece un «reproche penal», aunque ya ha avanzado que retirará la petición de nueve meses de cárcel para solicitar una pena alternativa de multa de 3.240 euros y suspensión de empleo o cargo público por 21 meses.

La causa se ha archivado y reabierto varias veces y en ella se ha tratado de determinar si el entonces alcalde de Castril contrató de forma consciente y voluntaria los servicios o si por el contrario fue víctima de una práctica fraudulenta, como ha venido alegando el exregidor, quien ha explicado este miércoles que las facturas que llegaban al Ayuntamiento correspondían a varias líneas telefónicas y no se repasaban una por una, de modo que se les daba el visto bueno para el pago.

Dado que los cargos a su teléfono por este asunto eran pequeños no se percataron de ello hasta que hubo una factura mucho mayor en el móvil del otro concejal que estuvo inicialmente investigado en la causa. Tras conocer lo ocurrido, López Ródenas abonó en la cuenta municipal los 1.579 euros, de modo que su defensa sostiene que no ha existido perjuicio al Ayuntamiento de Castril. El juicio está previsto que continúe este jueves.