Eutanasia en Andalucía: 24 de las 56 personas que la solicitaron en 2023 recibieron la ayuda para morir

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 27/09/2024 17:34
  • Actualizado: 27/09/2024 17:34

Desde la puesta en marcha de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia la Junta de Andalucía ha atendido 90 expedientes de alta complejidad. Según los datos recogidos en el informe de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir en Andalucía, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta, 24 personas, de un total de 56 solicitantes, recibieron la prestación de ayuda necesaria para morir en la comunidad autónoma en 2023.

La Consejería de Salud y Consumo de Andalucía ha organizado este viernes el primer Encuentro virtual de comisiones de garantía y evaluación para la prestación de ayuda para morir en el que han participado comisiones de otras comunidades autónomas, representantes del Ministerio de Sanidad y miembros de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.

Un total de 16 de las 56 solicitudes de la prestación no dieron lugar a la tramitación del expediente: por desistimiento (dos), fallecimiento antes del inicio de la tramitación (ocho), encontrarse en fase de estudio (cuatro) y por tener informe desfavorable por parte del médico responsable que no han sido objeto de reclamación (dos). Las 40 solicitudes restantes dieron lugar a la apertura del expediente por parte de la comisión, de las que 24 tuvieron resolución favorable y se completó la prestación; una ha tenido una resolución favorable pero ha pedido aplazamiento; seis fallecieron durante la tramitación y las nueve restantes han recibido resoluciones desfavorables.

Por sexo, 23 de estas solicitudes fueron presentadas por hombres y 17 por mujeres. Por provincias, en Almería se presentaron cuatro solicitudes que dieron lugar a la apertura de expediente; ocho en Cádiz; cuatro en Córdoba; dos en Granada; una en Huelva; una en Jaén; trece en Málaga; y siete en Sevilla.

En el encuentro, al que han acudido también la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Jaén, Elena González; y el presidente de la Comisión de Garantías y Evaluación para la Ley de Eutanasia en Andalucía, Serafín Romero; se ha contado la experiencia de las comunidades y ha permitido a los asistentes «identificar acciones de mejora y buenas prácticas en esta materia», tal como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

La Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir, que ha llevado a cabo su 54ª sesión desde que se constituyó el 10 de noviembre de 2021, es un órgano colegiado asesor, de carácter multidisciplinar, decisorio y de control, que actúa con autonomía funcional e independencia en el ejercicio de sus funciones. Está adscrito orgánicamente a la Consejería competente en materia de salud.

Está compuesto por trece profesionales de las áreas de medicina, enfermería y derecho, todos ellos expertos en bioética, y cuenta con una presidencia, una vicepresidencia y once vocales. Corresponde a la Comisión, con carácter general, la verificación previa del cumplimiento de las garantías y el procedimiento regulador de la prestación, así como el control posterior del mismo.

Específicamente, la Comisión debe resolver las reclamaciones que se interpongan ante la denegación de la prestación por parte del médico responsable, del médico consultor o las solicitudes que se eleven al pleno en caso de disparidad en el informe que han de emitir los miembros de la Comisión designados para llevar a cabo la verificación previa de la prestación.

Asimismo, corresponde a la Comisión la verificación de la prestación una vez ésta se haya realizado, la detección de problemas en el cumplimiento de las obligaciones previstas en la LORE, además de la propuesta de mejoras para su incorporación a los manuales de buenas prácticas y protocolos. Deberá, igualmente, resolver las dudas o cuestiones que puedan surgir durante el procedimiento de aplicación de la LORE, en calidad de órgano consultivo y elaborar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de su aplicación.