Detenida una abogada de Granada por regularizar ilegalmente a empresarios marroquíes por 40.000 €

La Policía Nacional de Granada, en una operación contra la inmigración ilegal, ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la falsificación de documentos para regularizar a empresarios marroquíes y a sus familias, todas ellas de alto poder adquisitivo.

La red cobraba entre 20.000 y 40.000 euros por el trámite documental, que permitía a los ciudadanos marroquíes hacerse pasar por empresarios también en territorio español. La Policía ha detectado la regularización ilegal de 15 personas pertenecientes a cuatro familias del país vecino. Hay ocho personas detenidas, entre ellas una abogada en ejercicio con despacho en Granada.

Las investigaciones se iniciaron con ocasión de una investigación anterior en la que agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada advirtieron que un empresario marroquí había obtenido autorización de residencia y trabajo después de presentar documentos falsificados que le acreditaban como falso titular de un establecimiento de venta de calzado situado en un local del centro de la ciudad, en el que no constaba comercio alguno.

Una vez determinada la realización del trámite documental en un despacho de abogados de Granada que actuaba como representante del ciudadano marroquí, descubrieron que la letrada se habría desplazado al Consulado de España en Nador, donde habría instado en nombre del extranjero, que sí era empresario en Marruecos, un procedimiento de regulación que se hacía extensivo para su esposa e hijos.

Entre otras irregularidades, la familia únicamente residía en España por cortos periodos de tiempo, los necesarios para no exceder los espacios temporales que los extranjeros residentes pueden permanecer fuera de su país. Además de simular falsas actividades mercantiles, los locales y pisos eran alquilados a través de una inmobiliaria para obtener la complicidad o el silencio de los propietarios, y se les abonaban semestres completos por adelantado. En el caso de que manifestasen la inexistencia de negocios en sus locales, se les indicaba que se trataba de una práctica legal.

Falsas regularizaciones

Según avanzaba la investigación, los agentes obtuvieron datos que corroboraban que se trataba de una práctica común y continuada de este despacho jurídico, donde se cobrarían importes entre los 20.000 y los 40.000 euros a los extranjeros marroquíes para regularizarlos ilícitamente como falsos empresarios en España.

En cuanto a los detenidos, la investigación señala la participación, junto con la abogada, de la responsable de una inmobiliaria, así como otra mujer, nacionalizada española de origen marroquí, encargada de acompañar a la letrada a Nador y Tánger para captar a las personas a los que ofrecer las regularizaciones ilegales y hacer las veces de intérprete, la cual también actuaría como representante legal en los expedientes de regulación y renovación de estas personas.

Los investigadores han acreditado la regularización ilegal de cuatro familias marroquíes de nivel económico acomodado, que suman en total 15 personas con permisos de residencia en fraude de ley, motivo por el que, al margen de las actuaciones penales emprendidas, se ha solicitado la revocación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia.