Condenan a la familia del socialista Guerrero a devolver 68.000 € por dos intrusos en el ERE de Surcolor
Los beneficiarios: el marido de una concejal del PSOE y un concuñado del ex delegado de Empleo
La Junta de Andalucía reclamaba el reintegro de 1,16 millones
El Tribunal de Cuentas ha condenado a los herederos de Francisco Javier Guerrero, ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía y en su día principal implicado en la trama de los ERE, a indemnizar a la administración autonómica con más de 68.000 euros por los dos intrusos que se colaron en el ERE de Surcolor pese a no haber trabajado nunca en la empresa.
La sentencia del Tribunal de Cuentas, dictada a través del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, condena como responsables contables directos y solidarios a la viuda y a la hija de Guerrero (fallecido en 2020); al propietario de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante León; y a su consejero delegado, Manuel Rafael Castilla, por financiar con fondos públicos la prima de esta póliza de rentas. El tribunal rechaza la demanda de la Junta de Andalucía, que reclamaba el reintegro de 1,16 millones, y le impone las costas de los demandados exonerados, entre ellos Antonio Rivas (ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla) y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas (sindicalista de UGT).
Según informa Diario de Sevilla, que ha adelantado la resolución, los herederos del socialista, que murió sin hacer testamento, habían aceptado la herencia «a beneficio de inventario», lo que les hace responder de las deudas sólo con los bienes y derechos hereditarios, sin afectar a su patrimonio personal. Esto hace prácticamente imposible que la Junta ejecute la sentencia contra la familia de Guerrero.
La resolución del Tribunal de Cuentas declara probado que en 2006 Surcolor despidió a 24 trabajadores y contrató una póliza colectiva de rentas. En ella se incluyeron indebidamente dos beneficiarios ajenos a la empresa, Juan Manuel López Espada (esposo de una concejal del PSOE de Camas, fallecido en 2021) y José Antonio Márquez Sánchez (concuñado de Antonio Rivas y también miembro de la agrupación del PSOE de Camas). La prima asociada a ambos ascendía a más de 191.000 euros (131.000 por Espada y 60.000 por Márquez) y el coste total de financiación de la prima superaba los 2,7 millones. El alcance fijado por el tribunal es de 68.058,05 euros, ligado a pagos públicos efectivamente realizados.
No obstante, la Junta de Andalucía abonó casi 985.000 euros para financiar la póliza tras una carta de Guerrero a la aseguradora en junio de 2006. El propietario de Surcolor autorizó la firma aun sabiendo que incluía como beneficiarios a dos intrusos. La rúbrica la puso el consejero delegado de la empresa.
Militante del PSOE, Guerrero fue también alcalde de su localidad natal, El Pedroso (Sevilla). Juan Francisco Trujillo, el que fuera su chófer entre 2003 y 2007, fue condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por desviar parte de los 1,3 millones en ayudas que le concedió la Junta a fiestas y droga. Trujillo declaró ante Mercedes Alaya, la juez instructora del caso ERE, que gastaban 25.000 euros al mes en cocaína y entre ambos consumían 10 gramos diarios.
En otra sentencia, sobre ayudas a la prejubilación en la empresa Europa Center, el Tribunal de Cuentas desestima la demanda de la Junta y concluye que no se pagaron primas con dinero público en favor de personas ajenas al colectivo afectado. Ambas resoluciones son recurribles en segunda instancia ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.
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