La extraña suerte del ‘chófer de los ERE’: dos jueces jubilados, uno trasladado y otro apartado del caso

La Audiencia de Sevilla dejaba el pasado jueves visto para sentencia el juicio contra Juan Francisco Trujillo, más conocido como el chófer de los ERE, por fundirse en cocaína y fiestas gran parte de los 1,5 millones de euros que su jefe, el socialista Francisco Javier Guerrero, desvió a sus empresas tapadera en 2004 y 2005, hace ya 20 años. El tribunal llevaba desde 2017 intentando sentar a Trujillo en el banquillo de los acusados, pero el juicio pasó por cuatro jueces: dos jubilados, uno que solicitó el traslado y otro que se abstuvo por haber sido alto cargo de la Junta de Andalucía.

La diosa fortuna, los avatares del destino o la sombra de la sospecha. Por alguna extraña razón, la suerte sonrió al chófer durante siete largos años hasta que el pasado 8 de enero, por fin, arrancaba en la Audiencia de Sevilla uno de los juicios más mediáticos de la macrocausa de los ERE.

El sumario fue trasladado a la Sección Primera el 1 de diciembre de 2017, hace ahora 2.237 días. El primer juez asignado fue Pedro Izquierdo, que se apartó del caso por haber sido durante seis años secretario general de Justicia del Gobierno andaluz. Su abstención se aceptó en febrero de 2018.

Ya en abril, se designó como nueva ponente a la magistrada María Auxiliadora Echávarri, que suspendió el inicio de la vista oral hasta que finalizara el juicio paralelo del caso ERE, ya que el ex director general de Trabajo, el socialista Francisco Javier Guerrero, estaba inmerso también en aquel procedimiento como ex alto cargo de la Junta.

La Audiencia de Sevilla dictó la sentencia de los ERE el 19 de noviembre de 2019, pero Echávarri ya se había jubilado en enero de forma anticipada y voluntaria. Recogió el testigo la magistrada Encarnación Gómez Caselles, que formó parte del tribunal que condenó a los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, pero solicitó su traslado a la Audiencia de Alicante. Se hizo efectivo en 2022 y la vacante la ocupó el magistrado suplente Antonio Miguel Vázquez.

Entremedias, en agosto de 2021, se jubiló, también anticipadamente, el magistrado Juan Antonio Calle Peña. Se nombró como su sustituto otra vez a Pedro Izquierdo, que ya se había abstenido en 2018. La Audiencia de Sevilla reconoció el error y dictó la «nulidad de todas las resoluciones» donde constase que el magistrado hubiera participado en la causa. Quedaba así en el aire un nuevo señalamiento de la fecha del juicio, pendiente de la resolución del incidente de nulidad.

La Sección Primera reconocía entonces las distintas «vicisitudes», «renuncias» y «cambios» que llevaron a modificar continuamente la composición del tribunal que debía juzgar al chófer de la coca. El juicio quedó fijado para el 5 de septiembre de 2022, pero tampoco pudo ser. Renunciaron el abogado y el procurador representantes de la empresa Travol 2007, la antigua Vitalia, y se suspendió de nuevo la vista oral.

La renuncia, apuntaba la Audiencia, suponía «una circunstancia sobrevenida que impide la celebración del juicio hasta que no sean designados nuevos profesionales que asuman la representación y defensa de dicha mercantil», consultora donde, recuerden, el socialista Guerrero enchufó a un conocido de la infancia para ejercer de camello.

Siete años después, el 2024 arrancaba, ahora sí, con el juicio al chófer de los ERE. Trujillo ratificó ante el tribunal -«sigo diciendo que soy culpable»- lo que ya declaró en su día, es decir, que entre él y Guerrero, fallecido en 2020, esnifaban más de diez gramos de cocaína al día, pagada, por supuesto, con el dinero de los andaluces. Una factura de 25.000 euros al mes en droga, además de dispendios varios en restaurantes y locales de copas, cuadros, antigüedades, ropa, telefonía móvil e incluso un piano de cola. También entregó en mano a su jefe entre 40.000 y 60.000 euros en metálico para devolverle el favor por las ayudas adjudicadas a sus empresas Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena.

Trujillo intentó forzar una nueva suspensión del juicio renunciando a su abogado porque, según afirmó, no confiaba en él, aunque el tribunal denegó su petición. La Fiscalía, que reclamaba inicialmente 14 años de prisión por delitos de malversación, redujo su petición a diez años y tres meses de cárcel por las dilaciones indebidas en la tramitación de la causa, es decir, por la demora extraordinaria de la misma. También pide para él 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028 euros. Trujillo hizo uso de su última palabra para solicitar la suspensión de sus penas dada su «colaboración» con la justicia y el «sufrimiento y acoso» padecidos.