El CETI de Ceuta supera los 1.000 inmigrantes por 1ª vez desde la crisis de 2021: el 70% son magrebíes

• David García de Lomana @lomanadavid
• Redactor en OKDIARIO Andalucía. Antes en COPE y MARCA Plus.
• • 18/09/2025 13:59
  • Actualizado: 19/09/2025 10:53

La crisis migratoria en Ceuta sigue elevando día a día la ocupación del CETI. Por primera vez desde 2021, cuando Marruecos alentó a sus ciudadanos a cruzar el Tarajal (15.000 personas lo lograron), el centro sobrepasa la barrera de los 1.000 residentes. El 70% son magrebíes, en su mayoría marroquíes, pese a que el CETI no está concebido para este tipo de acogidas: su función es dar alojamiento temporal y asistencia básica a inmigrantes en situación irregular que no pueden ser devueltos de inmediato a su país y a solicitantes de asilo mientras se tramitan sus expedientes.

Los intentos masivos de entrada a nado se han ido sucediendo durante el verano, principalmente desde la playa marroquí de Castillejos. Algunas jornadas se han registrado hasta 300 tentativas. Marruecos se niega a aceptar la devolución de sus nacionales «el 80% de las veces», según fuentes conocedoras de la situación en la ciudad autónoma, así que «finalmente acaban en el CETI».

El Ejército ha proporcionado literas para acomodar a los más de 250 inmigrantes ilegales que acampaban a las puertas del CETI tras la orden del director de no aceptar más entradas. Este lunes todavía quedaban una veintena por reubicar, según informó Ceuta Ahora. La Policía llegó a personarse en las instalaciones tras las quejas vecinales por fogatas en la calle y música a altas horas de la noche. Este martes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) notificó multas de 100 euros a varios residentes del CETI por hacer fuego en el monte en época no autorizada.

El centro arrancó la semana con un total de 1.047 residentes, más de la mitad (52%) originarios de Marruecos (546). Cabe recordar que la capacidad del CETI es de 512 plazas. El segundo grupo más nutrido es el de los argelinos, con 191 personas. Les siguen Sudán (137) y Guinea (90), según los datos a los que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía. Entre marroquíes, argelinos y tunecinos (2) suman un total de 739 inmigrantes magrebíes, el 70,5% de los residentes.

Los dos palestinos que figuraban en la lista a finales de agosto ya han sido trasladados a la península. El centro también acoge a nueve mujeres, todas marroquíes, y dos menores a su cargo.

El coste de manutención (asistencia, higiene, alimentación) de cada adulto es de 90 euros diarios, a cargo del Ministerio de Migraciones. Con las actuales cifras de ocupación del CETI, el gasto alcanza los 94.230 euros al día, 2,8 millones al mes y más de 34 millones al año. La ciudad acoge también a más de 500 menores inmigrantes.

Este jueves, como cada semana, el Gobierno de Sánchez ha trasladado a la península a un grupo de 43 inmigrantes para aligerar el centro, un efecto llamada que tiene sus consecuencias: en lo que va de año ya han aparecido 31 cadáveres flotando frente a las costas de Ceuta, aunque la cifra es mayor puesto que muchos de esos cuerpos acaban en aguas marroquíes.

Vox Ceuta ha denunciado que la ciudad se enfrenta a un «problema estructural», no puntual, y ha exigido «la repatriación inmediata de los adultos marroquíes que hayan accedido ilegalmente a territorio nacional».

«España dispone de instrumentos legales suficientes para actuar», ha remarcado su presidente, Sergio Redondo, que alude al acuerdo de readmisión firmado con Marruecos en 1992 que obliga a Rabat a readmitir a sus nacionales que entren en suelo español de forma irregular.

Además, Vox señala que la Ley de Extranjería prevé la expulsión y devolución de quienes intenten cruzar las fronteras sin autorización, especialmente las de Ceuta y Melilla. A ello se suma la Directiva 2008/115/CE de la Unión Europea, que fija procedimientos comunes para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular.

«En un territorio tan expuesto como Ceuta, aplicar los acuerdos internacionales y la normativa europea no es una opción, es una obligación inaplazable», concluye Redondo, que pide no convertir el CETI «en un almacén permanente de inmigración irregular».