Cae una red criminal que estafó 100.000 € a ayuntamientos y farmacias con la venta de material sanitario

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que habría estafado una cantidad cercana a los 100.000 euros vendiendo mascarillas y material sanitario a particulares, ayuntamientos, asociaciones, empresas, farmacias y ortopedias de Cádiz, Huelva, Jaén, Sevilla y otras 17 provincias más.

La Operación Hontecilla ha dejado seis detenidos de origen moldavo a los que se les acusa de hasta seis delitos: estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales.

La red, responsable de 265 delitos de estafa, aprovechaba el estado de necesidad de la población de obtener mascarillas y otros productos sanitarios por la crisis del Covid-19 para estafar a todo aquel interesado en su compra, según ha informado la Guardia Civil, que ha efectuado tres registros en Salou y Reus (Tarragona) y en San Adria del Besos (Barcelona).

Un ayuntamiento denunció la estafa

El pasado abril, durante el primer estado de alarma por la COVID-19, la Guardia Civil inició las investigaciones tras la denuncia presentada por un Ayuntamiento de una localidad de la provincia de Guadalajara, que realizó una compra a través de una página web de 600 mascarillas FPP1 por un importe cercano a los 800 euros y que nunca llegó a recibir.

Los agentes centraron sus pesquisas en el estudio de la página web y teléfono móvil de contacto utilizado por los estafadores y en el rastreo de la cuenta corriente facilitada por los autores del hechos, llegando a la conclusión de que esta formaba parte de un entramado de cuentas corrientes abiertas en distintas entidades bancarias de distintas partes del territorio nacional.

«Esta organización criminal estaba altamente especializada, estructurada y diversificaba en su actividad para obtener dinero de manera fraudulenta mediante la creación de un entramado de cuentas corrientes en España utilizando identidades usurpadas y otra veces falsas, derivando parte del dinero obtenido a otras cuentas abiertas en el extranjero (Alemania, Lituania, Holanda y Bélgica) con la finalidad de blanquearlo», según ha explicado la Guardia Civil.

Operaban desde el año 2019 y utilizaban como ‘base de operaciones’ las provincias de Tarragona y Barcelona. La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción de Molina de Aragón, y desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara. Las pesquisas continúan abiertas y no se descarta la imputación de más delitos y detenidos en función del estudio de la documentación intervenida.

Material incautado

Se les ha incautado documentos de todo tipo falsificados, más de 100 tarjetas SIM, una veintena de teléfonos móviles de última generación, dispositivos de almacenamiento de datos, una cartera de gestión de cryptomonedas, tarjetas de crédito/débito falsas (la mayoría de ellas de las denominadas ‘black’, esto es sin límite de gasto o con un límite muy elevado), así como instrumentos para la elaboración de documentación falsa, 19.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama.

Con la desarticulación de esta organización la Guardia Civil ha logrado esclarecer 265 delitos de los cuales, entre ellos 81 delitos de estafa relacionados con compra de material sanitario-mascarillas cometidos en las provincias de Murcia, Guadalajara, Valencia, Huesca, Cádiz, Alicante, Madrid, Sevilla, Toledo, Vizcaya, Barcelona, Jaén, Zaragoza y Huelva.

También se relaciona a esta red con 41 delitos de estafa relacionados compra de terminales móviles en las provincias de Cáceres y Alicante, 13 delitos de estafa relacionados con la compra de patinetes eléctricos cometidos en las provincias de Huelva y de Alicante y 4 estafas por phishing en las provincias de Salamanca, Castellón y en las Comunidades Autónomas de Madrid y de Asturias.

Según la Guardia Civil, los arrestados son los autores de otras 25 estafas relacionadas con la venta de relojes en las provincias de Toledo, Zaragoza, Valencia y Pontevedra y 17 delitos de amenazas y extorsiones en las provincias de Albacete, Vizcaya y Valladolid. También se les imputa un delito de blanqueo de capitales, 34 delitos de usurpación de estado civil y más de 50 delitos de falsedad documental.