Las Audiencias de Granada y Málaga desoyen a la Fiscalía: rebajarán penas de agresores por la ley Montero

Los magistrados de las dos Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Granada han acordado revisar de oficio sentencias firmes de condenados por delitos sexuales que estén cumpliendo la pena o estén pendiente de cumplirla tras la entrada en vigor de la ley del ‘sólo sí es sí’ de Irene Montero, aplicando en estos casos «la disposición que sea más favorable al reo». Asimismo, las cinco secciones penales de la Audiencia de Málaga han comenzado a analizar de oficio sentencias para ver si procede o no realizar una revisión de las penas. Se hará estudiando «caso por caso».

Al igual que las de Madrid y Vizcaya, las Audiencias de Granada y Málaga desoyen así las recomendaciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que este pasado lunes decretaba a los fiscales dar una «respuesta uniforme» a las revisiones de condenas y que no se modifiquen cuando la pena impuesta pueda dictarse con el nuevo marco penal.

La decisión de la Audiencia de Granada supondrá que los magistrados revisen estas sentencias de oficio y no sólo a petición de las partes, aunque fuentes judiciales matizan a Europa Press que ello no conllevará que se modifiquen todas las condenas. En el procedimiento de revisión se oirá a todas las partes y, en todo caso, la decisión que se tome podrá ser asimismo objeto de recurso.

Así lo han acordado los magistrados de las dos Secciones Penales de la Audiencia de Granada tras una «amplia deliberación» en el transcurso del plenillo celebrado este pasado jueves para abordar la unificación de criterios en la revisión de sentencias firmes tras la entrada en vigor de Ley de Garantías de la Libertad Sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad.

Según se desprende del acta de dicha reunión, encabezada por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, José Luis López Fuentes, los magistrados han acordado concretamente revisar las sentencias firmes de los procesos en que el penado esté cumpliendo efectivamente la pena o esté pendiente de cumplirla, «aplicando en estos casos la disposición que sea más favorable al reo».

Junto a ello, se acuerda expresamente «dar el trámite de revisión en aquellos casos en los que se considere que respecto de la pena impuesta, teniendo en cuenta la calificación jurídica de los hechos probados, sea más favorable la pena a imponer al amparo de la nueva norma».

No se revisarán así las sentencias en las que el cumplimiento de la pena esté suspendido, «sin perjuicio de hacerlo en caso de que se revoque la suspensión y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena cuya suspensión ha sido revocada». Tampoco se revisarán las sentencias en las que la pena esté ejecutada, aunque se encuentren pendientes de ejecutar otros pronunciamientos del fallo.

En los procedimientos de revisión, los magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia de Granada oirán a todas las partes personadas en el procedimiento, lo que incluye a las víctimas, y en todo caso recuerdan que contra las resoluciones que puedan tomarse resolviendo la revisión de las sentencias condenatorias firmes «podrá interponerse los mismos recursos que, en su caso, cabrían contra la sentencia condenatoria».

Audiencia de Málaga

Por su parte, la presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García Ortiz, tras la celebración este pasado jueves de una junta de magistrados del orden penal, ha explicado a los periodistas que lo primero que se hará es «analizar las causas que tenemos en ejecución de penados que están cumpliendo su condena para ver si es susceptible de ser revisada o no con respecto a esta ley que en algunos aspectos ha bajado la pena».

«No es que se revisen sí o sí, sino que se inicia un trámite para determinar si se tienen que revisar o no», ha puntualizado la presidenta de la Audiencia, que ha calculado que serán un centenar de sentencias ejecutorias las que se analizarán, detallando que las solicitudes por parte de las defensas por ahora son «pocas», dos por secciones.

García Ortiz ha insistido en que se analizará «caso a caso, de forma individualizada. «Esto no es una norma general que aplico en rodillo, estamos hablando de causas muy graves y hay que atinar», ha señalado. También ha subrayado que estarán atentos al criterio del Tribunal Supremo.