Andalucía admite la avalancha de inmigrantes: llegan más de 1.100 al mes con un 1,5% de contagiados

La Junta de Andalucía ha admitido este martes la avalancha de inmigrantes ilegales que azota a las costas de la comunidad. Según los datos que manejan desde la consejería de Presidencia de Elías Bendodo, desde el pasado 10 de junio han llegado 528 pateras con 5.518 inmigrantes en ellas, de los que 505 eran menores de edad. De todos ellos, 83 han dado un resultado positivo por coronavirus, aproximadamente un 1,5% del total.

De media, en los últimos cinco meses han llegado más de 1.100 inmigrantes ilegales al mes, lo que supone un fuerte incremento respecto al volumen habitual de llegadas a Andalucía, que recuerda al Gobierno de Pedro Sánchez que no puede mirar a otro lado.

Gobierno central

El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, con un partido en el Ejecutivo que sigue aumentando el ‘efecto llamada’, reniega de los mismos inmigrantes que atrae y recurrió hace unas semanas el recurso de la Subdelegación de Gobierno al auto judicial que avala una resolución de la Junta de Andalucía que le obligaba a asumir, con la Policía Nacional, el traslado a centros habitacionales de los inmigrantes ilegales que llegan en patera y tienen que guardar cuarentena. El Gobierno andaluz ha tachado de «pataleo» este recurso.

«Algo estarían haciendo mal cuando ellos mismos han rectificado», ha indicado la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, a preguntas de los medios. Para Sánchez Torregrosa, el anuncio de recurso forma parte de una «lucha inerte» que está encaminada a «evitar asumir esa dejación de funciones que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene con la provincia de Almería desde que está en la Moncloa», según ha manifestado.

Si bien el subdelegado de Gobierno, Manuel de la Fuente, ha indicado que la Policía Nacional ha asumido el traslado obligada por un cambio en la resolución administrativa avalada por el juez, en la que ya no se solicita colaboración sino que se ordenaría su intervención, la delegada ha insistido en que con su pronunciamiento pretende «no reconocer que se habían equivocado» al dejar de ocuparse de los traslados.

Sánchez Torregrosa ha incidido en que este verano se produjo un acuerdo entre la Secretaría de Estado de Migraciones y la Junta de Andalucía –a través de las consejerías de Justicia y de Presidencia– por el que se pactó la puesta en marcha de recursos habitacionales por la Junta, que también se ocupa de traslados de positivos en ambulancias, y el traslado de contactos estrechos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.