Todos somos ultraderecha
En lógica se denomina falacia a un argumento que tiene apariencia de ser correcto, sin serlo. Uno de los más utilizados de estos engaños es el llamado ad hominem que es una falacia que consiste en pretender quitarle la razón a tu interlocutor sin debatir sobre lo que él está afirmando, sino desacreditándolo a él como persona y de ahí su nombre, ya que en latín ad hominem significa a la persona. Al tratarse de una de las falacias más burdas y fácilmente detectables, su utilización implica, en primer lugar, que quien la usa carece de contraargumentos con los que debatir el fondo de la cuestión y, además, que considera que la audiencia a la que se dirige es fácil de engañar y responde más emocional que inteligentemente.
Un claro ejemplo de falacia ad hominem ha sido cuando varios ministros del Gobierno han criminalizado a los convocantes de las diversas protestas de los últimos días, acusándolos de ser la “ultraderecha”. Así, por ejemplo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que “creemos que la ultraderecha está utilizando, alentando y animando este tipo de propuestas para provocar inestabilidad y para hacerle juego al tirano que ha invadido Ucrania”, en clara alusión al presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien justifica su agresión militar diciendo que va a «desnazificar» el país, lo que no impide a la ministra de Sánchez calificarlo de “ultraderecha”. Por su parte, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez Jiménez, ha afirmado que “detrás de estas actuaciones hay una parte de la extrema derecha que está alentando esas movilizaciones y yo no me voy a sentar con un grupo de radicales violentos”.
Por su parte, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha dicho que “lo que estamos viendo es una reacción que parece orientada por estos posicionamientos de la ultraderecha”. Todos ellos, con Sánchez a la cabeza, se niegan a calificar la de los transportistas como una “huelga”, e insisten en que se trata de un “boicot vandálico y violento”, pese a que no son capaces de mostrarnos ni una sola imagen que demuestre la existencia de esa violencia. A ellos se unen los líderes de los sindicatos UGT y CCOO, quienes han llegado a afirmar que ellos entienden la problemática del campo y las protestas del sector del transporte, pero que no comparten la violencia y el «boicot» y que «hay que tener claro que la ultraderecha y los derechos de trabajadores nunca han casado en este país».
Este domingo, más de 400.000 personas se manifestaron contra el Gobierno en Madrid en una manifestación convocada por agricultores y ganaderos, a la que también se han unido los transportistas, que llevan en paro desde el lunes 14 de marzo, los cazadores, que denuncian un Ejecutivo «entregado al animalismo», el mundo del toro, que protesta por la persecución que sufre un sector declarado patrimonio cultural de España. Todos unidos en defensa del mundo rural y contra el Gobierno socialcomunista de España.
Ni siquiera en las elecciones generales de 1979, en las que la ultraderecha española logró situar a Blas Piñar como el único diputado que ha tenido desde la Transición, llegaron a recibir 400.000 votos. Una vez muerto Franco, la extrema derecha en España siempre ha sido residual. Con la entrega del sistema educativo y de los medios de comunicación a la izquierda, los españoles han olvidado los pecados de la extrema izquierda, pero no quieren saber nada de la ultraderecha. Ni siquiera la dura ofensa que trató de infligirles Pedro Sánchez, desenterrando ignominiosamente los huesos de Franco, provocó en ellos ninguna reacción apreciable, sencillamente porque son tan pocos que lo más adecuado es decir que no existen. Es ridículo llamar ultraderecha a los cientos de miles de españoles indignados con la nefasta gestión llevada a cabo por el Gobierno, de las continuas crisis que nos arrasan desde que Sánchez llegó al poder. Con sus insultos sólo demuestran su incapacidad y el desprecio que sienten hacia sus propios votantes.
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