El Supremo evita el calabozo a los golpistas en el juicio del 1-O y autoriza la traducción consecutiva del catalán

Se trata de un acuerdo unánimemente aprobado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, presidida por Carlos Lesmes, con fecha 16 de enero, en el que se definen varias de las «medidas a adoptar» ante el  inminente «inicio de la vista del juicio oral» relativo al ‘procés’ catalán del 1-O. En el documento oficial se establece la «reserva» de una sala de espera -en una planta inferior al Salón de Plenos, donde se celebrará la vista oral- para los líderes independentistas catalanes acusados de rebelión y sedición.

Dicha estancia estará disponible para los nueve acusados, actualmente en prisión provisional, «a su llegada al Palacio de Justicia y durante los recesos que pueda ordenar el presidente del tribunal», el magistrado Manuel Marchena; de manera que se evita su traslado a los calabozos anexos en la Audiencia Nacional, como suele ser lo habitual. Pero no se detalla nada al respecto de su permanencia en sede judicial durante las suspensiones de las sesiones para comer.

Una copia del documento será remitida, en próximos días, a todos los funcionarios del alto tribunal y a la Comisaría Especial de la Policía responsable de la seguridad del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional; así como a la oficina de prensa del alto tribunal, quien la distribuirá, a su vez entre los medios acreditados para explicar a los periodistas las pautas del seguimiento presencial del juicio y cómo proceder para su acceso al mismo.

Tal y como avanzaba OKDIARIO, ha sido activado el dispositivo policial necesario para garantizar el orden y la seguridad en las inmediaciones de la sede del órgano judicial durante los meses en que se prolongue la celebración del juicio del 1-O.

Por otra parte, fuentes jurídicas confirman a OKDIARIO que la Sala de lo Penal del alto tribunal, que perfila los pormenores del auto de admisión de la práctica de la prueba en el procedimiento, accederá a la declaración de los acusados, que así lo decidan, en catalán -tal y como avanzaban sus abogados en la vista de cuestiones previas y de la que, únicamente, se desmarca Dolors Bassa-. Alegaban, entonces, la importancia de poder expresarse en su lengua materna como un derecho que les asiste constitucionalmente y para no ver vulnerada “su defensa”, dada la gravedad de los delitos de los que se les acusan.

El alto tribunal activará, para ello, un sistema de traducción consecutiva, no simultánea como solicitaron las defensas, al español.

No habrá observadores internacionales

En la futura resolución que prepara la sala presidida por Marchena no se contemplará, sin embargo, la presencia de observadores internacionales que supervisen el transcurso de las sesiones.

Fuentes especializadas apuntan a OKDIARIO que dado que el juicio será público y existirá retransmisión en tiempo real de su desarrollo, a través de medios de comunicación nacionales e internacionales, está garantizado el respeto a los derechos fundamentales de los acusados y la absoluta transparencia del procedimiento.