La empresa que escrutó el 26-M está financiada por el ideólogo del espionaje telefónico de EEUU

La empresa a la que el Ministerio del Interior adjudicó el contrato del escrutinio de las elecciones del 26-M, ‘Scytl Secure Electronic Voting SA’, se encuentra financiada por un fondo de inversión donde es directivo el desarrollador de los programas informáticos de escuchas telefónicas que utilizan los servicios secretos de Estados Unidos.

Según el Registro Mercantil, ‘Scytl Secure Electronic Voting SA’ está participada por tres grandes fondos de inversión: Balderton Capital, radicado en Reino Unido; Nauta Capital, con filiales en Hong Kong y Malasia; y Spinnaker SCR, con sede en Barcelona.

El director de operaciones de Nauta Capital es Dominic Endicott. Se trata de un experto en telecomunicaciones, que también forma parte de la empresa Booz Allen. Esta compañía fue la encargada de diseñar los programas ‘Projects TrailBlazer’ y ‘Pioneer Groundbreaker’, que han sido utilizados en los últimos años por la Agencia de Seguridad Nacional (ANS) de EEUU.

En la página web del fondo de inversión Nauta Capital, el ideólogo de los programas de las escuchas telefónicas que utilizan los servicios secretos estadounidenses es descrito como «un especialista de la industria inalámbrica en Estados Unidos». También se menciona que es miembro directivo de cinco empresas, todas ellas relacionadas con la inversión y el control de riesgo.

Otra de las empresas en las que figura Dominic Endicott es Carlye Group. Esta compañía diseñó un software denominado ‘CarrierIQ’ que fue utilizado por numerosos dispositivos móviles hasta que fue sancionado por violar la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas de EEUU. Este software registraba sin el conocimiento del usuario la ubicación del mismo, el tiempo de duración de las llamadas, los mensajes de texto, las búsquedas en Internet y hasta las pulsaciones de las teclas.

Investigada por el 1-O

Tal y como ha publicado OKDIARIO, la Guardia Civil tomó declaración al dueño de Scytl, Pere Vallès Fontanals, tras reunirse con la empresa pública catalana de informática CTTI para diseñar un software para realizar el referéndum ilegal del 1-O.

En dicha reunión, que se llevó a cabo en la sede de la empresa que escrutó el 26-M, el directivo de CTTI le trasladó a Fontanals que la Generalitat de Cataluña quería comprar un software para poder gestionar la realización de referéndums sin la ayuda de ningún proveedor.

En ese encuentro, el directivo de la empresa pública catalana de informática CTTI le comunicó a Scytl que querían que el encargo se llevara a cabo antes del mes de agosto. También se pactó el precio, que estaría «entre una horquilla de uno o dos millones de euros».