La Justicia británica condena a un hombre que se negó a dar a la Policía sus contraseñas en un aeropuerto
Un tribunal de Londres ha condenado este lunes a un hombre que se negó a revelar las contraseñas de su correo electrónico al ser interceptado por la Policía en el Aeropuerto de Heathrow, en Londres, lo que le ha costado una pena de 12 meses en libertad condicional y una multa de 620 libras (unos 705 euros).
El acusado es Muhammad Rabbani, de 36 años, director internacional del grupo CAGE, que analiza las consecuencias de las políticas antiterroristas y presta asistencia a detenidos musulmanes. Fue interceptado en noviembre de 2016 cuando, según el acusado, regresaba de una boda en Qatar.
La Policía se incautó de su teléfono móvil y de su ordenador y le solicitó las claves, pero Rabbani se negó argumentando que quería proteger la privacidad de un cliente con el que estaba trabajando en un caso de tortura. Varias organizaciones también han alertado de que se trata de un caso de intromisión a la privacidad.
La Justicia, sin embargo, no lo ha entendido así y ha considerado aplicable en este caso un artículo de la Ley contra el Terrorismo del año 2000 que considera un delito denegar el acceso a aparatos electrónicos. Según la juez, Emma Arbuthnot, Rabbani asumió un «riesgo calculado» con su decisión de obstruir la labor de la Policía.
La juez ha asumido, no obstante, que el acusado no representaba ningún peligro y carecía de antecedentes, por lo que ha dictado contra él una multa menor y una pena que no tiene por qué cumplir entre rejas, según el periódico ‘The Guardian’.
«Estaba preparado para cualquier resultado, aunque implicase pasar un tiempo en prisión», ha dicho Rabbani, que ha sido recibido con aplausos y regalos a su salida del tribunal. El responsable de CAGE ha insistido en que quería «proteger la confidencialidad» de su cliente y que ahora «la única opción es cambiar la ley».
Rabbani recurrirá la sentencia dictada este lunes, aplaudida sin embargo por la Policía. Para el jefe de la unidad antiterrorista de Scotland Yard, «es crucial que la Policía sea capaz de usar la legislación en vigor para ayudar a mantener a la ciudadanía segura», por lo que se trata de un veredicto «importante».
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