Los hijos de maltratadores ya no necesitarán su permiso para recibir atención psicológica

El Consejo de Ministros dará luz verde este viernes a la primera reforma legislativa adscrita al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo que entró en vigor el pasado 27 de diciembre de 2017. Se trata de una modificación del Código Civil para que los hijos e hijas menores de mujeres víctimas de violencia machista no necesiten contar con la autorización del padre maltratador para recibir atención psicológica.

Así lo avanzó la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, en rueda de prensa tras la celebración de la primera Conferencia Sectorial de Igualdad el pasado martes en La Moncloa. Según precisó, se hará a través de un Real Decreto por la vía de urgencia.

Una vez reciba el visto bueno del Consejo de Ministros, éste será el primer cambio normativo que vea la luz para dar cumplimiento al Pacto de Estado que, entre las más de 200 medidas que contempla, incluye esta.

En concreto, el Pacto de Estado rubricado por el Parlamento establece la necesidad de desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad. Esto implica modificar el artículo 156 del Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando exista sentencia firme o hubiera una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales.

Así, el Gobierno modificará la ley para que baste «con el consentimiento del progenitor o persona encargada de la tutela o custodia o tutela no incursa en el proceso penal». «Es decir, la custodia compartida no puede ser impuesta, sino que se velará por la protección de los menores», apuntó Calvo.

La vicepresidenta y ministra de Igualdad aseguró que la intención del Gobierno es que todas las modificaciones legales relacionadas con la lucha contra la Violencia de Género estén aprobadas antes de final de año.

Devolver competencias a los Ayuntamientos

Por otro lado, el Real Decreto a propuesta de la vicepresidenta, también incluye la devolución de las competencias en materia de violencia de género y otras políticas sociales a los Ayuntamientos. «Tienen que recibir competencias que se les arrebataron para poder responder mejor en clave de política preventiva», declaró Calvo al respecto.

Para ello, se derogará una parte de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) del Gobierno del PP, para que los consistorio recuperen las competencias perdidas en este ámbito, entre las que están las políticas de prevención y atención a las víctimas.