El fiscal pide cinco años de cárcel para un guardia urbano por partirle la mandíbula a un inmigrante
La Fiscalía ha pedido cinco años de cárcel para un guardia urbano de Barcelona acusado de romper la mandíbula a un bangladeshí en situación ilegal, al que se llevó a comisaría para identificarlo tras interceptarlo en las Ramblas de la capital catalana.
La sección novena de la Audiencia de Barcelona ha celebrado este martes el juicio contra el agente, que sigue de servicio pese a su imputación, aunque, según ha relatado él mismo ante el tribunal, está obligado a llevar incorporada una cámara de vídeo cuando trabaja para garantizar que no cometerá ninguna irregularidad.
El ministerio público acusa al agente de un delito contra la integridad moral y otro de lesiones, por los que le pide una pena de cinco años de prisión que los servicios jurídicos de la asociación Sos Racismo, que ejercen la acusación particular, eleva a seis años al aplicarle la agravante de discriminación, puesto que considera que la agresión fue motivada por el origen de la víctima.
Según mantiene la Fiscalía en su escrito de acusación, el procesado interceptó al denunciante en las Ramblas el 9 de junio de 2011 para pedirle la documentación y, como éste sólo le pudo mostrar una hoja de empadronamiento, se lo llevó en el coche patrulla a comisaría.
Una vez en las dependencias policiales, añade el escrito de acusación, el urbano, «de modo gratuito y con evidente ánimo de menoscabar su integridad física», asestó un fuerte puñetazo en la mandíbula a la víctima, lo que provocó que esta se desequilibrara y cayera al suelo, tras lo que siguió propinándole patadas.
El procesado, por su parte, ha dicho no recordar el episodio por el que ha sido llevado a juicio, pero ha asegurado que nunca ha pegado al joven bangladeshí, al que dice que conocía por ser un «habitual» vendedor ambulante en las Ramblas, y ha insistido en que no es una persona racista.
De hecho, el urbano se ha mostrado indignado por haber sido denunciado por el joven bangladeshí y ha afirmado ante el tribunal que no «perdonará» nunca que lo haya llevado a juicio, teniendo en cuenta la gran cantidad de veces que le permitió llevarse a casa la mercancía que tenía a la venta, sin incautársela.
Por su parte, en una accidentada declaración, el denunciante ha negado que sea vendedor ambulante y ha explicado que el procesado se lo llevó a comisaría y, una vez allí, le dio un puñetazo en el rostro y varias patadas en la cabeza de las que intentó protegerse cubriéndose con las manos.
Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide que el procesado sea inhabilitado por un período de cuatro años para empleo y cargo público y que indemnice a la víctima con 7.000 euros.
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