Desarticulan una banda que conseguía permisos de residencia con denuncias falsas de malos tratos

El ‘modus operandi’ era relativamente sencillo. La banda contrataba por 1.500 euros los servicios de un  hombre de nacionalidad rumana con domicilio en Lérida. Ese hombre se trasladaba desde allí hasta Almería y allí fingía ser pareja de mujeres inmigrantes en situación ilegal, para terminar agrediéndolas delante de testigos.

Por su parte, la mujer debía denunciar el hecho, demostrar que existía esa relación y con esas pruebas obtenía un permiso provisional de residencia en España por razones excepcionales. Todo ello, lógicamente, después de que la mujer pagara a la organización una cifra más elevada por sus honorarios y los gastos del “falso maltratador” incluida la estancia y manutención durante los dos días que se prolongaba la farsa.

La falsa agresión se escenificó en julio en el Bar Chueca de la localidad almeriense de El Ejido. Allí ante los atónitos testigos, el hombre simuló ser la pareja de la mujer inmigrante y acto seguido le propinó una paliza leve. Sin embargo, la Policía halló ciertas incongruencias en el relato de la mujer para justificar su relación con el hombre, tras meses de investigación los agentes acabaron desarticulando la banda formada por magrebíes y rumanos y deteniendo a la mujer que les contrató.

No era la primera vez que lo hacían, ya en el 2012 la Guardia Civil en la operación ‘Pomelo’ desarticuló al mismo grupo acusado de realizar los mismos hechos con otras mujeres magrebíes. Ahora la policía les acusa de simulación de delito, organización criminal y de un delito contra los derechos de los trabajadores. Además investigan si la organización tuvo tiempo suficiente para repetir la farsa con otras mujeres inmigrantes.

La Ley de Extranjería establece como medida de protección para mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género la concesión de una autorización provisional de residencia y trabajo en España durante un año desde el primer momento en que se pone la denuncia, medida que permanece hasta la celebración del juicio y en ocasiones permanece en el tiempo aunque la acusada no se presente al juicio.

Los cinco detenidos han quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición del juzgado número 5 de El Ejido.