Los cinco miembros de ‘La Manada’ cumplirán condena en prisiones de Andalucía y Castilla y León

Instituciones Penitenciarias ya ha fijado las cárceles definitivas donde los cinco miembros de ‘La Manada’ cumplirán su condena condenados por un delito continuado de violación a una joven en los Sanfermines de 2016.

Serán las cárceles de Andalucía y Castilla y León las que acogerán a estos jóvenes que serán trasladados «en los próximos días». En concreto, Ángel Boza irá a la cárcel de Albolote (Granada), Jesús Escudero a la de Huelva y Antonio Manuel Guerrero permanecerá en la cárcel de Sevilla I, donde se encuentra actualmente junto al resto de miembros de ‘La Manada’. Por su parte, Alfonso Jesús Cabezuelo cumplirá la pena en Topas (Salamanca) y José Ángel Prenda en Puerto III, en Cádiz.

El fallo, adoptado por unanimidad, considera que lo ocurrido en los Sanfermines de 2016 fue agresión sexual y no abuso, que es el delito por el que tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) habían condenado a 9 años de cárcel a José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Boza y Alfonso Jesús Cabezuelo.

15 años de prisión

El pasado 21 de junio, el Tribunal Supremo revocó la sentencia de ‘La Manada’ y elevó las condenas para los cinco acusados a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con los agravantes específicos de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas, admitiendo así parcialmente los recursos de la Fiscalía, la víctima y las acusaciones populares que ejercieron el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra.

A uno de los miembros de ‘La Manada’, el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, el tribunal le condenó a dos años más de cárcel, un total de 17, como responsable del delito de robo con intimidación del teléfono móvil de la joven. Asimismo, la Sala incrementó el importe de la responsabilidad civil a la que tiene derecho la víctima a la cantidad de 100.000 euros.

Además, se inhabilitó a los cinco durante el tiempo de la condena, se les prohíbe acercarse a menos de 500 metros al domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente la víctima durante 20 años, y se les impuso 8 años de libertad vigilada una vez cumplida la pena.