Sánchez presume de récord de aspirantes al MIR pero han dejado presentarse a 800 que estaban excluidos
Sindicatos médicos alertan de potenciales recursos legales e incluso de la posible nulidad de la convocatoria si se lleva ante los tribunales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido vender en redes sociales que la edición 2026 del MIR —examen clave para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada— es un récord histórico de aspirantes. Sin embargo, detrás de esas cifras hay una realidad muy distinta: cientos de candidatos excluidos hasta apenas días antes de la prueba son admitidos hasta que se resuelva los recursos de forma improvisada, descontento generalizado entre los aspirantes, la dimisión en bloque de los expertos que diseñan las preguntas el pasado año, y un proceso administrativo marcado por retrasos, errores y posibles irregularidades, como han denunciado distintos grupos políticos como el Partido Popular.
El Ministerio de Sanidad ha anunciado un incremento en el número de aspirantes admitidos para el MIR 2026, que supera las cifras de convocatorias anteriores. Sin embargo, cientos de médicos y profesionales quedaron inicialmente excluidos de la lista de admitidos, y la publicación definitiva de esas listas no se produjo hasta apenas una semana antes del examen —una demora excepcional que deja poco margen para subsanar errores o presentar reclamaciones.
Aunque Sanidad ha terminado admitiendo finalmente a muchos de los inicialmente rechazados —permitiendo su participación en el examen— esto no oculta que la gestión del procedimiento violó plazos administrativos establecidos en la propia convocatoria, lo que ha provocado que asociaciones y sindicatos alerten de potenciales recursos legales e incluso de la nulidad de la convocatoria si se lleva ante los tribunales.
Dimisión de los expertos: crisis en la elaboración del examen
Uno de los aspectos más graves del proceso, que no cuenta el presidente, Pedro Sánchez, ha sido la dimisión en bloque de los comités de expertos responsables de elaborar las preguntas del examen MIR en 2025 y de otras pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE). Según múltiples fuentes, este hecho se produjo tras desacuerdos con la organización del Ministerio que encabeza Mónica García, sobre las condiciones de trabajo, la remuneración y la reducción de efectivos en estos equipos cruciales.
Este comité, formado por profesionales con reconocida experiencia académica y clínica, era responsable de generar cientos de preguntas de alta complejidad. Su marcha pone en cuestión la legitimidad técnica y la calidad de las cuestiones propuestas en una prueba decisiva para miles de aspirantes. Incluso se llegó a especular con soluciones interinas poco ortodoxas, como el uso de herramientas automatizadas, es decir, Inteligencia Artificial, ante la ausencia de personal cualificado para redactar las preguntas y que Pedro Sánchez no alude en ningún momento de su disertación en redes sociales.
Errores administrativos
Además de la crisis de personal y la tardanza en las listas, el proceso selectivo ha estado salpicado por una serie de fallos técnicos y errores en la valoración de expedientes académicos. En algunos casos, las medias de los candidatos aparecieron mal calculadas en los listados provisionales, lo que obligó a miles de aspirantes a recurrir o subsanar sus datos bajo presión de tiempo.
Las inscripciones oficiales también sufrieron problemas técnicos, obligando a ampliar los plazos para poder formalizar la presentación de solicitudes y que en ningún momento ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García. Todo ello ha contribuido a generar incertidumbre y estrés entre los aspirantes, muchos de los cuales llevan meses o años preparando una de las pruebas profesionales más exigentes del país.
Transparencia y gestión en entredicho
Organizaciones profesionales, sindicatos y parte de la comunidad médica ya han manifestado su descontento con la gestión del Ministerio de Sanidad. Algunos observadores han señalado que la combinación de errores administrativos, incumplimiento de cronogramas legales y el manejo de las listas de excluidos revela una falta de planificación y transparencia que no se recuerda en décadas de historia del MIR.
Además, el hecho de que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya tenido que responder públicamente a múltiples críticas —y que se pidan incluso dimisiones desde distintos sectores— muestra que el proceso se ha convertido en uno de los capítulos más polémicos recientes en la política sanitaria del Gobierno, si se suma a las cinco huelgas generales de médicos del país. Pero eso sí, en redes, Sánchez ha dicho que «este Gobierno seguirá trabajando por una SANIDAD PÚBLICA de calidad, que cuide a quienes nos cuidan».
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