Raquel Murillo: «Eutanasia, aborto o Ley Trans requieren colaboración activa del profesional sanitario»

La directora general adjunta de A.M.A. y responsable del ramo de Responsabilidad Civil Profesional, Raquel Murillo, ha dirigido una nueva edición de la Mesa que cada año organiza y también patrocina la mutua en el marco del Congreso Nacional del Derecho Sanitario, que celebra su XXIX edición, y que ha dispuesto de una gran afluencia de público.

La moderación de la Mesa, Raquel Murillo, ha explicado en su intervención que el ejercicio de determinados derechos como la eutanasia, el aborto o la aplicación de los tratamientos necesarios para el cambio de sexo «requiere de la activa colaboración de los profesionales sanitarios no sólo para la realización de los tratamientos sino también en el proceso previo de información».

En este punto, ha afirmado que «la aplicación de los tratamientos necesarios puede dar lugar a conflictos éticos de gran calado en un contexto en el que confluyen y, en ocasiones, también se contraponen el derecho a morir o abortar y el derecho del sanitario a objetar».

Por esta razón, en su opinión, la aplicación de estas normas va a tener inevitablemente repercusiones a medio y largo plazo, «no solo para los pacientes, sino también para los profesionales y para el sistema sanitario en general».

Murillo, ha señalado que estos conflictos «minan al profesional sanitario que, en ocasiones, se siente cuestionado en su actividad».

A esta jornada, han asistido el presidente de A.M.A., el Dr. Diego Murillo, y miembros del Consejo de Administración de la mutua, y donde se han tratado asuntos de interés general sobre los conflictos ético-jurídicos que han surgido tras la entrada en vigor de las nuevas leyes que regulan el aborto, la eutanasia o el cambio de sexo, y cuya aplicación está afectando a los profesionales sanitarios y tiene una repercusión directa en la sociedad.

Así, el ex consejero Enrique Ruiz Escudero ha abordado estas cuestiones desde su experiencia como consejero de la Comunidad de Madrid, y que le otorga una visión de primera mano respecto a los problemas a los que se enfrenta el sanitario en su día a día.

El ahora senador, Ruiz Escudero, ha tratado el cambio del sistema tradicional a la era de la Inteligencia Artificial reclamando «una legislación nacional, que garantice los derechos individuales de los pacientes y los profesionales». En este sentido, ha dicho que «estamos en un cambio de paradigma del tradicional sistema a la era de la IA, para hacerla más predictiva y eficaz», pero ha reclamado que «necesitamos una legislación nacional que ayude a todo esto».

El sanitario ante la Ley de Eutanasia

Por su parte, el magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, ha centrado su intervención en la actuación del sanitario ante la Ley de Eutanasia, haciendo hincapié en los aspectos penales y jurídicos relacionados con la vida y la ética. «La ley española es muy restrictiva en los supuestos, es muy clandestinamente ambiciosa, tiene una potencialidad que es difícil de embridad», ha dicho. Del Moral ha destacado que «los supuestos son muy restrictivos y mientras que en países como Holanda o Alemania no se considera un derecho, en España sí se considera un derecho fundamental».

Por su parte, el jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, doctor Celso Arango, ha trasladado su opinión respecto a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans aportando su conocimiento y experiencia en trastornos psiquiátricos, en salud mental del niño y en tratamientos de disforia de género.

Tras defender toda ley que contribuya a disminuir cualquier discriminación por razón de incapacidad física, psíquica, género o raza, Arango hizo hincapié en los defectos de esta ley, «que no es tan garantista como la de la eutanasia, que habla indistintamente de la identidad de sexo y de género y que impide a los expertos en salud mental ayudar al menor».

En la última intervención el magistrado del Tribunal Constitucional, César Tolosa, quien se ha referido a la objeción de conciencia del personal sanitario, «que no está regulada en nuestro país», con especial referencia a la sentencia 44/2003 del Tribunal Constitucional, de 9 de mayo. «Lo que ha habido es una descategorización del derecho a la Objeción de Conciencia, está es la realidad», ha subrayado.

La jornada ha concluido con un animado coloquio en el que los asistentes han podido formular preguntas y plantear aquellas cuestiones que preocupan al colectivo sanitario y que ha despertado un reconocido interés.