Colaboración sanitaria

Escudero: «Ninguna CCAA podría llevar a cabo su asistencia sin los modelos de salud pública-privada»

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El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido este jueves la colaboración público-privada en la asistencia sanitaria y ve «fuera de lugar» plantear ahora un debate ya «superado» tras dar luz verde el Congreso a la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, con la que se busca priorizar la gestión directa y pública del sistema sanitario y eliminar los copagos para grupos vulnerables.

«Ahora mismo ninguna Comunidad Autónoma podría llevar a cabo su asistencia sanitaria si no fuera por estos modelos -de colaboración público-privada-. En algunas comunidades tiene más peso que en otras, pero desde luego a día de hoy sería impensable que la Comunidad de Madrid diera respuesta sin esos modelos», ha subrayado el máximo responsable de la Sanidad madrileña.

En esta línea, el consejero madrileño ha recalcado la necesidad de definir «normas muy claras» cuando se establecen esos modelos sobre «cuáles son las condiciones en las que se tenga que prestar, que la titularidad siempre sea pública y siempre que la calidad asistencial y lo que rodea a recursos humanos esté dentro de esa relación».

Marcada carga ideológica

«Plantear el debate ahora está fuera de lugar y lo que veo en esa ley es una marcada carga ideológica. Desde luego no contribuye a mejorar la práctica asistencial que se da en las Comunidades Autónomas», ha subrayado.

Al hilo, ha recordado que además de la asistencia hay que tener en cuenta otras vertientes como la investigación y la docencia. «Creo son modelos más que superados y desde luego son debates que no van a aportar nada al Sistema Nacional de Salud», ha enfatizado.

Nueva Ley a debate

El pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación del proyecto de ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, conocido como ‘Ley Darias’.

La normativa ha contado con el respaldo de Junts y el PDeCAT, que este martes retiraron las enmiendas de totalidad que habían presentado a la ley tras pactar con el Gobierno que no va a afectar al modelo sanitario catalán, en el que priman los conciertos. Así, estas dos formaciones han votado en contra de las enmiendas de totalidad que también registraron el Vox y Ciudadanos, y que han sido rechazadas por 191 votos en contra, 88 abstenciones y 64 a favor.

Precisamente, al comienzo de la defensa de la normativa en el Congreso, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado el «esfuerzo de diálogo y entendimiento» de Junts y el PDeCAT para «contribuir a que esta ley inicie su tramitación parlamentaria», así como al resto de grupos parlamentarios que han manifestado su apoyo a la misma como Más País, Teruel Existe, ERC y «algunos integrantes» del Grupo Mixto.

«Para la derecha esto puede ser no importante, pero como progresista, como socialista me siento orgullosa de que esta ley proteja la salud de los más vulnerables, a las que menos tienen y a las que la política es la esperanza más palpable de tener oportunidades de vida. Por eso, y por lo que esta ley puede significar para mejorar la vida de la gente merece la pena estar aquí y todos los esfuerzos», ha aseverado Darias.

El pasado 14 de junio el Consejo de Ministros aprobó este proyecto de ley que, según ha recordado la ministra de Sanidad en la Cámara Baja, modifica normativas sanitarias «muy importantes» por, por ejemplo, la Ley General de Sanidad o la Ley de Cohesión y, a su vez, deroga la Ley 15/97.

Y es que, entre otros asuntos, cierra la puerta a nuevos copagos y amplía la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables, al igual que se hizo con los copagos farmacéuticos, como son las personas perceptoras del ingreso mínimo vital (IMV), pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas con hijo a cargo. Así, se beneficiarán, según los datos del Gobierno, unas 6 millones de personas.

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