El último asalto a la democracia

La Constitución proclama que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. Puesto que la Justicia emana del pueblo, resulta imprescindible que la ciudadanía tenga plena confianza en la independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados. Para ello la Constitución encomendó el gobierno de la Administración de Justicia a un Consejo General del Poder Judicial de veinte miembros. Ocho elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos en cada cámara. Y los otros doce, serían nombrados entre jueces y magistrados. El ministerio de Justicia no tendría razón de existir y podría ser una secretaría de Estado en la presidencia del Gobierno.

En el proyecto de Constitución sometido a la aprobación de las Cortes se preveía que el CGPJ estuviera compuesto por 15 miembros, de los cuales 6 serían designados las Cortes Generales (3 por cada Cámara) y los otros 9 “entre jueces y magistrados, en los términos que establezca la ley orgánica”. Se daba por sentado que los jueces elegirían a los jueces. Y así lo demostró el propio PSOE al presentar una enmienda “in voce” en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso (8 de junio de 1978), que además de elevar a 20 el número de miembros (8 por las Cortes) y 12 entre jueces y magistrados, se especificaba que estos últimos debían ser “de todas las categorías judiciales.

De esta forma, dijo Gregorio Peces Barba, portavoz socialista, se abría “el Colegio electoral” de modo que “también serán elegibles todos los jueces y magistrados”. Es decir, que el autor de la enmienda reconocía que los 12 vocales serían elegidos por los propios jueces y magistrados. Así se plasmó en la Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial de 10 de enero de 1980.

Recientemente el PSOE conmemoró en Sevilla el 40 aniversario de su gran victoria en las elecciones del 28 de octubre de 1982. Felipe González con 202 diputados se quedó a 8 escaños de la mayoría de tres quintos del Congreso y con 127 senadores a 2 escaños de dicha mayoría. Se ha valorado el pragmatismo de González que renunció al marxismo, nos mantuvo en la OTAN y nos ingresó en la Comunidad Económica Europea (la UE actual) asumiendo el principio de libre competencia y la libertad de empresa. Pero ebrio de poder, González fue el que asestó el primer hachazo al Poder Judicial. Consciente del peligro que representaban las investigaciones sobre los GAL como terrorismo de Estado, que podían sentarle en el banquillo de los acusados, decidió controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No le fue difícil superar en el Congreso los tres quintos y obtener mayoría de magistrados “progresistas” en el Tribunal Constitucional. Convencido de que el TC respaldaría la constitucionalidad de una reforma que derribaba el muro protector de la imparcialidad e independencia de los jueces, suprimiendo la elección directa de los 12 miembros del CGPJ para atribuir a las Cortes el nombramiento de todos sus miembros.

El Grupo Parlamentario Popular encabezado por Manuel Fraga recurrió al Tribunal Constitucional contra la Ley González. El 29 de julio de 1986 se dictó sentencia con un fallo unánime: la reforma de la Ley de 1985 no vulnera la Constitución. Para ello el TC tuvo que hacer encaje de bolillos. El hecho de que todos los miembros del CGPJ fueran elegidos por las Cortes –declaró el TC- no los convertían “en delegados o comisionados del Congreso y del Senado”. Ahora bien, advertía del “riesgo” de sumisión política, contrario al “espíritu” de la norma constitucional, si el nombramiento se efectuaba mediante el reparto de cuotas entre partidos “en proporción a la fuerza parlamentaria de estos”.  Y eso es, precisamente, lo que ocurrió. Podría decirse que todos los Consejos nombrados desde entonces fueron designados con vulneración del espíritu de la Constitución.

Jueces para la Democracia

Era ministro de Justicia, Fernando Ledesma, un magistrado cofundador de Jueces para la Democracia, nacida en 1984. para “impulsar la revalorización de la independencia y la responsabilidad del juez como referentes constitucionales de la Administración de Justicia”. Sin que los jueces “progresistas” dijeran esta boca es mía, Ledesma se plegó a la voluntad del líder.

Otro miembro fundador de la Asociación. Juan Antonio Xiol, director general de Justicia con Ledesma, se ocupó de redactar la reforma de la ley. Tuvo su recompensa. En 2013 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PSOE y desde 2021 es su vicepresidente. Su mandato se agotó el pasado 22 de junio. Su último servicio ha sido el rechazo a los recursos de Vox y del PP contra la ley de 2021 en la que Sánchez privó al Consejo de todas sus facultades de nombramientos por estar en funciones y la ley de junio de 2022 que se las devuelve, pero sólo para el nombramiento de los dos magistrados del TC que el corresponde. Empeño en el que también está la magistrada María Luisa Balagué, perteneciente al sector “progresista” del TC y, para ser más exacto, a la extrema izquierda.

El PSOE y el Gobierno han acusado al Tribunal Constitucional de que entre los miembros del sector “conservador” que acordaron la paralización de la tramitación en el Senado de las enmiendas del PSOE y Podemos para asegurarse el control absoluto del TC y del CGPJ, había dos magistrados cuyo mandato había caducado, pero han ocultado que entre los votos contrarios al recurso del PP figuraban otros dos magistrados del sector socialista que también se encuentran en la misma situación, como María Luisa Balagué.

Otros fundadores y miembros de Jueces para la Democracia han conseguido alcanzar importantes cargos en la judicatura y también en la política. Es el caso, entre otros, de Juan Alberto Belloc (ministro de Justicia), María Teresa Fernández de la Vega (vicepresidenta del Gobierno y presidenta del Consejo de Estado), Margarita Robles (actual ministra de Defensa), Pilar Llop, ministra de Justicia (presidenta del Senado y actual ministra de Justicia), Juan Carlos Campo (ministro de Justicia, pareja de la presidenta del Congreso Meritxel Batet y candidato del PSOE a magistrado del Tribunal Constitucional).

Cándido Conde-Pumpido

Hemos dejado para el final de esta lista de carreras fulgurantes que demuestran el estrecho maridaje entre Jueces para la Democracia y el PSOE, al magistrado Cándido Conde-Pumpido. Su carrera fue meteórica. En 1981 fue nombrado magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián. En 1985 el primer Consejo General del Poder Judicial con una aplastante mayoría socialista, le nombró presidente de la Audiencia Provincial de Segovia. Entre 1993 y 1995 fue portavoz de Jueces para la Democracia. En diciembre de este último año, el CGPJ, con amplia mayoría “progresista”, nombró magistrado de la Sala de lo Penal a Conde-Pumpido, que le nombró ponente de la solicitud de imputación contra Felipe González por haber consentido la guerra sucia contra ETA con la creación de los GAL. Conde-Pumpido propuso, y así se acordó en 1996, la exoneración del presidente del Gobierno. A partir de entonces su carrera profesional fue espectacular.

Fue Fiscal General del Estado durante siete años, en el Gobierno Zapatero. Minutos antes de la recuperación por el PP del Gobierno, fue nombrado consejero de Estado en 2011.Y en 2017 fue designado magistrado del Tribunal Constitucional. Su mandato expira en 2026. De no ser por la paralización de las enmiendas del PSOE y Podemos en el Senado, ya sería presidente del Tribunal Constitucional. Se dice que en las últimas semanas se reunió en la Moncloa con el ministro de la Presidencia para preparar la última ofensiva contra la independencia del CGPJ y del TC, encargado de velar precisamente por la constitucionalidad de las leyes y otros actos del poder ejecutivo. La revelación de estas reuniones en un país auténticamente democrático hubiera provocado la fulminante destitución del ministro y la exigencia de dimisión del magistrado del TC.

Es evidente que a Sánchez y su coro de aduladores les importa un comino que la ciudadanía sufra las consecuencias de la politización de la Justicia. Su asalto a la Justicia y por ende al Tribunal Constitucional no tiene otro objeto que el de buscar la impunidad para los golpes contra la Constitución que ya ha perpetrado y se propone perpetrar tanto por su propia convicción como por su complicidad con sus socios comunistas e independentistas que están dispuestos a mantenerle en el poder pues necesitan tiempo para dar el golpe de gracia a lo que llaman “el régimen del 78” y a la unidad de España.

El poderoso aparato de propaganda del sanchismo ha conseguido transmitir la idea de que toda la maraña tejida sobre la renovación del CGPJ y de parte del TC no es más que un pulso entre el líder “progresista” de España y el líder conservador ansioso de llegar a la Moncloa para deshacer las conquistas sociales arrancadas al capitalismo y ponerse al servicio de los poderes ocultos de oligarcas sin escrúpulos. El nombramiento por unanimidad de los dos miembros del TC que le corresponde al CGPJ demuestra la falsedad de las acusaciones de contubernio fascista de los jueces “conservadores” con el PP. De todas formas, con los nuevos nombramientos el TC tendrá mayoría suficiente para nombrar presidente a Conde-Pimpido, aunque también podría disputarle el cargo la magistrada María Luisa Balaguer Callejón. A los efectos de los proyectos destructivos de la Constitución, tanto monta monta tanto.

Asalto a la democracia

Se dirá, y con razón, que el PP pudo volver a la elección directa de 1980, cuando Aznar y Rajoy tuvieron mayoría absoluta. Pero el PP presidido por Alberto Feijóo, sin plegarse a las presiones de Sánchez, con lealtad a la Constitución y a su programa electoral de 2020, y además en consonancia con los requerimientos de la Unión Europea, se niega a nuevas componendas y exige devolver a los jueces el nombramiento por elección directa de sus representantes en el CGPJ. Su postura es la que el propio Sánchez defendía en 2014, que llegó a decir: “Algunas comodidades del bipartidismo nos han hecho peores. Por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano de gobierno de los jueces, que eso pasa siempre… Estoy dispuesto a que el PSOE no sea quien proponga a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque yo soy de los que cree que estas comodidades del bipartidismo, a quien ha hecho peor, ha sido al Partido Socialista”. Palabra de Sánchez. Nos espera la escenificación del último asalto a la democracia.

Jaime Ignacio del Burgo fue senador constituyente, diputado y presidente de la Diputación Foral-Gobierno de Navarra. Autor del libro “Asalto a la democracia”, editado en 2022 por la Esfera de los Libros.