El Tribunal de Cuentas, otra institución del Estado que se planta ante la amnistía

Tampoco el Tribunal de Cuentas está dispuesto a plegarse al marco político que pretende imponer Pedro Sánchez con la amnistía a los separatistas catalanes. La consejera de esta institución del Estado encargada del expediente de liquidación por la responsabilidad contable en los gastos para montar el referéndum ilegal en Cataluña y el procés trabaja en desestimar el recurso de la defensa de Carles Puigdemont para retrasar la vista señalada para el próximo viernes 17 de noviembre.

Echaría por tierra así los argumentos de Gonzalo Boye, polémico abogado del líder de Junts, que sostiene que no se puede decidir si su cliente debe pagar 1,9 millones de euros por fondos públicos de la Generalitat desviados al procés porque el ex presidente catalán no tiene una resolución penal firme, que declare si en efecto se trata de hechos constitutivos de delito. Sin embargo, según ha podido saber OKDIARIO, la consejera del caso, Elena Hernáez, se ha mostrado inflexible y no cede ante Puigdemont y el resto de políticos catalanes que se enfrentan a pagos millonarios.

Y es que en plenas negociaciones sobre la amnistía, el Tribunal de Cuentas someterá a juicio a 35 ex altos cargos del Govern por el desvío de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior del procés. La vista está prevista para el 17 de noviembre y se da por hecho que Puigdemont no acudirá ni entrará por videoconferencia. Entre los 35 encausados están -además de Puigdemont y Junqueras- ex consejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y JordiTurull; ex consejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; ex delegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo.

En conclusión, que las instituciones del Estado no están dispuestas a bailarle el agua al plan de ruptura constitucional de Pedro Sánchez. Si el otro día fue el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón el que dio un paso al frente imputando a Puigdemont por terrorismo, después vino el pronunciamiento del CGPJ y ahora es el Tribunal de Cuentas.