Suicidio político

Hemos asistido a la inmolación involuntaria que han protagonizado y de la que no parecen ser conscientes todavía, el presidente del PP, Pablo Casado, y su secretario general, Teodoro García Egea; un suicidio político que no es reversible. Pretender ganar tiempo en la esperanza de que la fiscalía del Gobierno al que se enfrentan impute a su mayor activo electoral, Díaz Ayuso, califica el nivel de barbarie al que ha llevado Casado la disputa con la presidenta madrileña. Un clavo ardiendo que, aunque aparezca, no lo mantendrá en la presidencia del PP.

Los datos que difundió Casado (286.000 euros de comisión) en una brutal entrevista en la COPE contra Ayuso, correspondían a la liquidación de la empresa con la que trabajó el hermano de la presidenta madrileña que está en poder de Hacienda (modelo 347), es un documento reservado al que la policía no puede acceder sin autorización judicial. Casado se columpió suponiendo que toda la liquidación correspondía a negocios con la comunidad de Madrid, y aventuró que podía existir un caso de tráfico de influencias. Ayuso aclaró que eran cuatro facturas y solo una con la comunidad por importe de 55.000 euros.

Esos documentos y otros en Hacienda están protegidos con un sistema informático que exige una clave personal para acceder al registro, quedando constancia de quién accede, día y hora, con lo que se puede saber quién y en qué momento accedió, si lo imprimió o hizo fotografía de la pantalla del ordenador. Acceder a ese documento y difundirlo puede ser un delito de revelación de secreto. Por los hechos conocidos parece que Casado y García Egea, más que preocupación por un posible hecho punible de cobro de comisiones querían utilizar dicha información para contrarrestar el empuje de Ayuso.

Lo de contratar detectives es práctica habitual en el mundo financiero y político desde que soy policía, y ya hace 43 años, con fondos reservados o con dinero de las empresas; en este caso no se aceptó por ilegal y no se sabe, todavía, quién lo iba a pagar. En estas cosas siempre quedan zonas opacas. Ni siquiera tras los juicios se conoce todo: por ejemplo, del 23F, del 11M, de la grabación a la presidenta del PP catalán Sánchez-Camacho mientras comía con la ex de Jordi Pujol Jr., o del ático de Marbella (tres comisiones rogatorias nunca llegaron por errores (¿involuntarios?) de la policía española: en la autoridad a la que se dirigía, el idioma utilizado o el nombre de la empresa de la que se solicitaba). Siempre quedan zonas oscuras. La transparencia es obligada en democracia y ninguna presunta ideología exime de ella en la gestión del dinero público. A Ayuso hay que exigirle la misma transparencia que a Illa, Ábalos y Sánchez, que contrataron por cientos de millones de euros con empresas ajenas al suministro sanitario que todavía nadie ha explicado.

Pasar de aspirar a presidente del Gobierno a muerte política es difícil de digerir. Cuando alguien pierde el Norte y cree que su cargo es más importante que la organización a la que representa (síndrome de Hubris) y por mantener su cargo hace daño a la organización (partido político, sindicato, empresa, cargo…) está condenado a ser repudiado por aquellos a quienes debe rendir cuentas. El error votando la reforma laboral, la campaña en Castilla y León (entre vacas y ovejas como si todo fueran granjas y votantes del mundo rural y no hubiera ciudades en el territorio), y el ataque tan desproporcionado contra Ayuso han dictado sentencia, han condenado a Casado. El “tiro” a Ayuso le salió por la culata.