Si Sánchez piensa que el Supremo puede arreglar el desaguisado, que se olvide
El bodrio jurídico de la ley del sólo sí es sí se ha convertido en una agujero negro por el que cada día se escapan más agresores sexuales, gracias a una norma promovida por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero que, por su deficiencia mayúscula, está siendo la gran aliada de los delincuentes. Desde el Gobierno se mira al Tribunal Supremo en un intento desesperado de que alto tribunal arregle el desaguisado, pero OKDIARIO está en condiciones de asegurar que el TS avalara las excarcelaciones al «no poder cambiar las penas».
En definitiva el Supremo dirá lo que ya es un clamor: que tal como está redactada la ley es jurídicamente imposible revertir la situación, en aplicación del principio de retroactividad favorable para el reo. Así que el Gobierno de Pedro Sánchez no tendrá otra alternativa que volver a reformar la ley, aunque la que venga soló afectará a quienes delincan a partir de su entrada en vigor. La norma nueva no afectará a quienes se hayan visto beneficiados por el bodrio legal. El daño, pues, es irreversible.
El problema es el tiempo y la presumible oposición de Podemos a un nuevo cambio en la ley -seguirán insistiendo en que la culpa es de los jueces-, de modo que pueden pasar meses en los que cada día sigan saliendo violadores a la calle y muchos condenados vean rebajadas sus penas. Un gigantesco desastre que provoca alarma social y ha cogido con el pie cambiado a Pedro Sánchez, incapaz de reaccionar. Desde un punto de vista jurídico, las consecuencias serán brutales, pero políticamente lo ocurrido puede propiciar una crisis de Gobierno en la recta final de la legislatura. Porque Podemos no va a dar su brazo a torcer. Pedro Sánchez, el responsable principal de lo ocurrido, está en medio de un peligroso cruce de caminos. Si actúa para reformar la ley no podrá contar con Podemos y si no interviene con urgencia, el boquete por el que se colarán cientos de agresores sexuales se irá cada vez haciendo más grande. La situación es gravísima, pero dada la ignorancia de la ministra de Igualdad y el consentimiento negligente de Pedro Sánchez, esto, tarde o temprano, tenía que pasar: sólo era cuestión de tiempo
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