Una semana crucial con la jura del nuevo gobierno

El Palacio de la Zarzuela ha sido esta semana escenario del inicio de un nuevo periodo político para la Nación española al ser el Salón de Audiencias el lugar donde los 22 ministros del tercer gobierno del Partido Socialista Obrero Español han prometido cumplir con sus funciones asignadas. Todos ellos han sellado con la mano puesta en la Constitución su firme compromiso de guardar y hacer guardar la Carta Magna, con lealtad al Rey, y mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Nada ha sido diferente en esta ocasión, que ha seguido el protocolo de siempre, con los testigos imprescindibles para un momento tan solemne como es el de la promesa de los miembros de un nuevo ejecutivo. El Rey, a la cabeza de la ceremonia, los máximos representantes de las altas instituciones del Estado, el nuevo ministro de Justicia como notario mayor del reino y, por parte de la Casa del Rey, los tres representantes del equipo de alta dirección de la Jefatura del Estado.

Lo único bastante distinto de otras muchas ocasiones en las que se ha producido un nuevo relevo en el Gobierno ha sido la atmósfera que ha rodeado y que se ha respirado durante este momento importante: la ausencia de sonrisas y complicidad entre el Rey Felipe y los integrantes del nuevo ejecutivo. Ha sido muy llamativo que el ambiente, habitualmente cargado de emoción y nervios por parte de los nuevos ministros, desde el momento de la llegada hasta el final del acto en el que se establecían charlas informales con los recién estrenados miembros del nuevo gobierno, ha sido sustituido por una formalidad estricta y poco distendida. Tan sólo el despiste de la vicepresidenta Calviño al dudar hacia dónde dirigirse tras prometer su cargo y el añadir al final de la promesa «…guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros… y Ministras» que algunas titulares recordaron pronunciar, suscitó una sonrisa amplia en los rostros serios de los que presidían el acto.

Lo que parece evidente es que la tensión que se vive en las calles a causa de la oposición cerrada de los partidos conservadores a la Ley de Amnistía, pactada por la coalición de izquierdas que ha conseguido formar gobierno, ha pesado también en el Palacio de la Zarzuela en la ceremonia de prometer sus cargos, primero del presidente del Gobierno y después de los integrantes de su Gabinete. El Jefe del Estado ha podido ver en las últimas dos semanas la polémica en la que se le pretende involucrar por parte de los más radicales que sugieren que él intervenga en la vida política y fuerce la anulación de la controvertida ley pactada con los partidos independentistas catalanes. Algo que sería una evidente injerencia de la Corona en la política, contraria a lo que dicta la Constitución que sólo reserva al monarca la tarea de arbitrar y moderar el buen funcionamiento de las instituciones. Así que esa pretensión es impensable para don Felipe, incapaz de traspasar la escasa línea de actuación que marca la Carta Magna para el Rey. Aunque, en el fondo, quizá a él tampoco le pueda parecer oportuno ese proyecto de ley presentado ya por el Gobierno en el Congreso de los Diputados.