Seguridad pública y derechos civiles

La Secretaría de Estado de Seguridad ha difundido la Instrucción 13/2018, que interpreta y ordena criterios para la aplicación de la LOPSC de 2015, conocida como “Ley Mordaza”. España es el único país democrático donde un policía puede identificar a una o 100 personas simplemente por su voluntad o capricho. Millones de identificaciones cada año y decenas de miles de cacheos se producen en la vía pública sin ninguna justificación. En Argentina, un policía no puede identificar a un ciudadano sin autorización de un superior. En Francia, te entregan un justificante de la razón de la identificación. En Alemania, la Policía tiene que anunciar las zonas, duración y la razón por la que se identifica. En Reino Unido, sin DNI es algo extraordinario. En España, un cónsul francés se dirigió al sindicato policial que yo representaba hace años para saber si existía alguna instrucción de identificar a franceses en la Costa del Sol. No entendía que pudieran hacerse tantas identificaciones sin razón objetiva.

Esta instrucción, aunque no nos sitúa al nivel de otras policías democráticas —todas las de la UE—, sí impone al agente la obligación de razonar documentalmente el motivo de su identificación y, si ha procedido, cacheo. Hoy se producen masivas y arbitrarias identificaciones ilegales que vulneran derechos civiles de la ciudadanía por presión de los mandos, ignorando que cualquier ciudadano tiene derecho a deambular por la calle sin ser molestado por un policía. Una plaga contra los derechos civiles desde hace 25 años con millones de identificados cada año. Algunos policías han sido condenados, por ejemplo, por hacer perder el vuelo a un ciudadano en una identificación de estas habituales en Salamanca. Las limitaciones de la Instrucción 13/2018 no molestan a los buenos profesionales ni a los mandos decentes. Molesta a los malos profesionales y malos mandos que llevan años abusando de una prerrogativa como es la de identificar a alguien, lo que solo debe producirse, a), cuando resulte sospechoso de haber cometido un delito, o b), sospechoso de que puede cometerlo (T. Supremo), que nunca han respetado ni cumplido.

Dos policías entran en un pub, piden documentación a todos. Una persona pregunta la razón y cuestiona que tenga que identificarse, recibe dos bofetadas, contra la pared y acusado de resistencia. Estación de tren. Dos policías identifican a un “perroflauta” —por su vestimenta—. Arrojan la ropa de su mochila al suelo en el baño, le incautan la droga y le dicen que se vaya. Sin acta —que a él le ahorra 600 euros de multa— cabe suponer que la droga se la quedan. Son dos hechos reales recientes que no se denuncian ni persiguen porque la ciudadanía no tiene mecanismos para hacerlo. Hay que combatir estas prácticas minoritarias de malos profesionales y de malos mandos que no las persiguen.

Mientras esto pasa, cada mes se quedan sin atender miles de llamadas al 091 con grave riesgo para quienes demandan ayuda en situación de riesgo y no la reciben. Las unidades dedicadas a esto han sido divididas y muchos de sus miembros se dedican solo a hacer identificaciones, con coches parados, lo que incrementa la inseguridad por falta de movilidad. Es posible llamar ante alguien con un cuchillo amenazando a personas en un bar, o porque tu pareja intenta derribar la puerta de tu casa y que no vaya ningún coche policial porque no hay disponibles, mientras en una calle cercana varios vehículos están identificando y cacheando a jóvenes a ver qué llevan. Los policías trabajan para sus mandos y estos para los políticos, pero de espaldas a los intereses de la seguridad pública ciudadana.