Retrato del sanchismo: la Guardia Civil requisando el móvil del fiscal general

Si hay una imagen que describa la situación de la España de Pedro Sánchez no hay mejor instantánea que la registrada el miércoles, 30 de octubre de 2024, cuando miembros de la Guardia Civil, por orden del Tribunal Supremo, entraron en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para requisar sus dispositivos electrónicos, teléfono móvil incluido. García Ortiz está siendo investigado por un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, que quien está llamado en virtud de su cargo a velar por el principio de legalidad pudo, según el Tribunal Supremo, violar el principio de legalidad, que es tanto como pasarse la ley por el forro de la toga. En cualquier democracia más o menos aseada eso sería motivo para que fuera relevado de su cargo, pero la democracia española, con Sánchez, está hecha unos zorros.

Los agentes tendrán que analizar las cuentas de correo electrónicas del fiscal general –incluyendo su email personal de Gmail– para determinar si hay indicios de que reenvió correos electrónicos del abogado de Alberto González Amador con la Fiscalía a medios de comunicación afines. El alto tribunal ha solicitado a Álvaro García Ortiz que designe abogado en la causa abierta contra él y no es descartable que pueda apoyarse en la Abogacía del Estado para defender sus intereses y no tener que pagar un letrado privado de su bolsillo.

No deja de tener su riesgo, pues las últimas actuaciones de esta institución antaño prestigiosa se han saldado con estrepitosos fracasos, el más reciente la querella que presentó en nombre del presidente del Gobierno contra el juez Peinado. Cómo sería que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusó a la Abogacía del Estado -de Pedro Sánchez, para entendernos- de actuar con temeridad y de intentar perturbar a los tribunales. García Ortiz sabrá, pero tirar de la Abogacía del Estado en su actual circunstancia procesal es un ejercicio de alto riesgo. Esta es la España de Sánchez: para salir corriendo.