Opinión

Con la reforma del Gobierno bastará una llamada de Sánchez para someter a la UCO

De salir adelante la reforma del Estatuto Fiscal que promueve el Gobierno, Pedro Sánchez habrá logrado uno de sus principales propósitos: desactivar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que pasaría a depender del Ministerio Público. Dicho de otro modo: lo que no ha conseguido Leire Díez con sus maniobras ordenadas por Ferraz, lo lograría el Gobierno al someter a los investigadores de la Benemérita al mandato del fiscal general del Estado.

Y es que el anteproyecto, dirigido por Félix Bolaños y que se encuentra ahora en trámite de audiencia pública, somete a la Policía Judicial, y en consecuencia a la UCO, a los fiscales -bajo la dependencia jerárquica del mandado de Pedro Sánchez en la Fiscalía General del Estado-, en vez del juez de instrucción como ahora ocurre. En el colmo del cinismo, el Gobierno afirma que lo hace «para el mejor funcionamiento de la justicia». Lo cierto es que la reforma concede al fiscal general manos libres para hacer y deshacer a su antojo ya que «podrá impartir, por conducto del Ministerio del Interior y, en su caso, de los organismos encargados de la dirección de las Policías autonómicas, cuantas instrucciones generales estime oportunas».

Es más, el proyecto modifica el artículo octavo, por el cual «el Gobierno podrá interesar del fiscal general del Estado la realización de las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público». Dicho de otro modo: será Pedro Sánchez quien controle a su antojo a la UCO. Y es que el cambio es significativo: hasta ahora el Gobierno puede «interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público». La reforma liquida la actuación ante los tribunales y otorga al fiscal general «la realización de las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público».

Conclusión: con la reforma, el PSOE no necesitará recurrir a los trabajos sucios de ninguna fontanera o fontanero del partido para controlar a los investigadores de la Guardia Civil. Bastará una llamada de Moncloa.