¿Quién vigila al vigilante?

La nueva aplicación de la Dirección General de Tráfico permite geolocalizar un teléfono móvil en cualquier momento. La app permite al usuario realizar trámites administrativos o portar el carnet de conducir de forma digital. Hasta aquí, nada que objetar, pero lo inquietante está en las exigencias: utilizar el GPS, encender la cámara, modificar el calendario o crear y borrar archivos de la memoria interna del teléfono pasa porque el usuario pueda ser localizado a través del sistema de navegación del dispositivo móvil. Esté o no utilizando su vehículo.

Esa exigencia es la que plantea serias dudas en un momento en el que, en pleno estado de alarma, el Gobierno parece empeñado en incrementar el control sobre los movimientos de los ciudadanos. De hecho, el Ministerio de Sanidad ha encargado a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, «el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19». Entre ellos, el desarrollo de forma «urgente» de una aplicación informática que permitirá al usuario realizar una autoevaluación en base a los síntomas, y que pondrá a su disposición variada información sobre la enfermedad, además de consejos prácticos y recomendaciones.

La aplicación, como la de la DGT, también permitirá la geolocalización del usuario, aunque desde el Gobierno insisten en que solo a efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma que declara estar. De nuevo, el Ejecutivo se garantiza el control sobre la personas. Obsérvese que la premisa del Ejecutivo es siempre la misma: aplicaciones en teoría destinadas a facilitar la seguridad o agilizar gestiones se convierten en un arma de doble filo al invadir la libertad individual. Y eso es, precisamente, lo que siembra dudas y genera desconfianza. El afán escrutador de un Ejecutivo que parece empeñado en vigilarnos.

En un Estado de Derecho, el vigilante -el Gobierno en este caso- tiene que estar controlado, pero el empeño del socialcomunismo por limitar los contrapoderes que equilibran el sistema democrático genera inquietud y recelo. Dadas las circunstancias, la pregunta es clara: ¿Y quién vigila al vigilante?