¿A quién le interesa que el Fiscal instruya?

Si uno fuera mal pensado, opinaría que a este Gobierno. Si uno no fuera mal pensado, pensaría que a cualquier Gobierno. Si uno solo estuviera movido por razones técnicas, opinaría que es legítima la acción pública para perseguir delitos y que quien define los criterios de interés público, nuevamente es el Gobierno.

El modelo del Juez instructor que tradicionalmente conoce el sistema penal español se presenta en el derecho comparado por los especialistas como una excepción, ya que quien investiga los delitos es la fiscalía y la policía, constituyéndose la autoridad judicial en el garante de los derechos fundamentales, a la hora de acordar la prisión, las entradas y los registros domiciliarios, entre otros. La realidad es que el Juez instructor español es independiente en todas sus actuaciones, presididas las mismas por el principio de legalidad, que no es otra cosa que aplicar la ley que sale de las Cortes Generales. Durante todos estos años de la transición la labor de los jueces instructores ha sido encomiable, y gracias al impulso de muchas de sus investigaciones se han podido desvelar grandes casos de corrupción que afectan en definitiva a la estabilidad de nuestro sistema.

Ahora, y no es un momento precisamente pacífico, se reclama el cambio de estatus del instructor en beneficio del Ministerio Fiscal. Este órgano imparcial, que no independiente, pues funciona por el principio de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, arrojaría sin duda una nueva versión en el trabajo instructor. En este momento histórico en el que está en crisis gran parte de la credibilidad de nuestras instituciones, incluida la Fiscalía General del Estado, acometer esta reforma sin cambiar el estatuto orgánico del Ministerio Público, da que pensar. Y a veces los pensamientos de puro liberales crean sombras amenazantes para la democracia. Pero seguramente sea una fantasía de algún mal pensado.

En todo caso, si no es mucho pedir, hay que explicar que no se trata de un simple cambio en la figura del instructor. Porque si es cuestión de cambio de roles, y los fiscales también son independientes (que nunca lo van a ser) déjese como está. La realidad es que se quiere pasar de jueces independientes instruyendo causas, a fiscales que no lo son. Y que por cierto tienen la potestad de realizar diligencias de investigación conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo demás son ejercicios retóricos o trampantojos.