TV3, golpe a golpe

La televisión pública catalana sigue ejerciendo como portavoz irredenta del golpismo. En vez de desmarcarse y poner distancia con todos aquéllos que están en contra de la legalidad vigente, TV3 rinde pleitesía al destituido Carles Puigdemont. El Gobierno debe reclamar responsabilidades a Vicent Sanchis, director de una cadena que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos y que, de ninguna manera, puede seguir funcionando como amplificador de un mensaje y unas acciones perseguidas tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo. Este mismo jueves, el fugado Puigdemont ha vuelto a dar un discurso a todos los catalanes a través del canal autonómico. En él, reincidiendo en la concatenación habitual de falacias, ha dicho que «espera una represión larga y feroz».

Un cadena pública española no puede dar cabida a la alocución de un cobarde incapaz de responder ante la justicia. Menos si es para retransmitir una serie de mantras tan vacuos y falsos como su propio compromiso con los catalanes —a la primera oportunidad que tuvo, salió corriendo camino de Bélgica—. Equiparar España a una dictadura  tachándola de represiva es una falsedad y una peligrosa exageración que debilita nuestra imagen a nivel internacional y es combustible para los más radicales. Un argumento que queda desmontado por el día a día que se vive en Cataluña, donde la normalidad es la gran protagonista gracias a la proporcionalidad y mesura con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha aplicado el artículo 155. Ahora que la región está recobrando poco a poco el orden constitucional, es momento de limitar también la connivencia de TV3 con los golpistas.

No se pueden dar hechos como el del pasado 28 de octubre, cuando los responsables de dicha televisión rotularon el mensaje grabado de Puigdemont como «presidente de la Generalitat» a pesar de que había sido destituido. Incluso se prestaron a retransmitirlo mientras hablaba desde el atril de la Generalitat, colaborando así a una ilegalidad. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ha contribuido en innumerables ocasiones al circo independentista sin ninguna consideración por la legalidad vigente. En uno de sus hechos más vergonzosos y recordados, la periodista Empar Moliner llegó a quemar una Constitución en directo. Esos comportamiento deben ser erradicados. Libertad de expresión, toda. Pero respeto a la ley, también.