Que marque la X de la Renta Puigdemont

‘Catalunya Cristiana’, la revista oficial del Obispado catalán, sorprendía con una insólita encuesta acerca del proceso judicial del 1-O que está desarrollándose en el Tribunal Supremo. “¿Crees que algunos testigos están mintiendo en el juicio del procés?”, preguntaba a sus fieles el semanario dirigido por Jaume Aymar, un sacerdote de la Archidiócesis de Barcelona célebre por su permanente apología del separatismo catalán a través de editoriales y contenidos redaccionales que defienden el derecho de autodeterminación de Cataluña. El citado sondeo hecho en ‘Catalunya Cristiana’, que es una clara intromisión en la actividad política propia de la sociedad civil laica, contraviene todo respeto al Código de Derecho Canónico, pues éste prohíbe, a través del Canon 287, 285 o 671, entre otros, que los religiosos participen en cualquier labor relacionada con la política.

No obstante, la osadía de Aymar, con el beneplácito del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha ido más allá de una irrespetuosa encuesta. En el citado sondeo, el sacerdote filoseparatista no sólo daba tres opciones absolutamente sesgadas y tendenciosas a su público, sino que, además, tuvo la desfachatez de acusar de manera indirecta de falso testimonio en el Alto Tribunal a Enric Millo y Diego Pérez de los Cobos. Según el 57% de los lectores de ‘Catalunya Cristiana’, tanto el delegado del Gobierno en Cataluña como el coronel de la Guardia Civil que coordinó el dispositivo policial durante el referéndum ilegal habrían mentido en el Supremo. La Iglesia no debe permanecer indiferente a los problemas de la sociedad, pero, desde luego, no es su competencia preguntar a sus fieles, millones de los cuales no desean la secesión, ensalzar la actividad delictiva del separatismo catalán. Ni mucho menos, porque esto resulta de una inmoralidad superlativa, señalar con el dedo de la culpabilidad a dos cargos del Estado acusándoles de incurrir en un delito penal. No deberían olvidar Aymar y Omella, cabecillas de esta propaganda independentista pagada por subvenciones de la Generalitat, que la Santa Inquisición –el tribunal eclesiástico que juzgaba a los cristianos bautizados– fue abolido a mediados del S. XIX y que ellos, mal que les pese, no tienen ninguna autoridad jurídica.

Si el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, no quiere ver mermados los más de 8 millones de euros anuales que recibe de los contribuyentes constitucionalistas, debe llamar al orden al arzobispo Omella y recordarle que está atentando contra la honorabilidad de su cargo saltándose la normativa eclesiástica a la que debe plegarse todo aquel que forme parte de la jerarquía de la Iglesia. De no ser así, no se puede creer en una institución que apoya a unos golpistas que han resquebrajado el orden constitucional y, por supuesto, no se debe destinar ni un euro de la Renta anual a una comunidad religiosa que permite esta indebida intromisión en un proceso judicial abierto difamando a los testigos. Si Blázquez no ataja la grave irreverencia de los Obispos catalanes serán las arcas episcopales las que sufran, aunque, bien es cierto, siempre le puede pedir al prófugo Carles Puigdemont que destine su 0,7% marcando la X en su Declaración en la Agencia Tributaria.